Fraude en CGGV: PDI avanza con revisión de cuentas de imputados

Fue en el mes de febrero cuando se conoció que el Ministerio Público llevaba a cabo una investigación por delitos económicos cometidos al interior de la Corporación Gabriel González Videla, de La Serena. De acuerdo a los antecedentes del caso, los hechos se dieron en el Departamento de Salud de la entidad, donde se habrían realizado pago a funcionarios que no prestaron servicio en la institución, con boletas emitidas en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. Lo anterior, habría generado pagos improcedentes por sobre los 700 millones de pesos por servicios a honorarios de 19 personas en total.

Cabe señalar que la misma corporación se sumó a la persecución de los hechos, confirmando que se presentó en enero de 2022 una querella contra quienes resulten responsables de fraude, estafa y otros engaños, acción judicial que han ampliado en tres oportunidades. Por otro lado, se ratificó la desvinculación de algunas de las personas involucradas o con responsabilidades en estos hechos, mientras la investigación en la justicia seguía su curso.

NUEVAS DILIGENCIAS

Dentro de las últimas acciones conocidas, se encuentra la entrega de información por parte de la corporación a los organismos encargados de las diligencias. Estas consideran contratos de honorarios u órdenes de trabajo, así como la individualización de personas que recibieron pagos por servicios no prestados y sumarios que se han hecho a la fecha. También se ha realizado la toma de declaración a testigos y se ha solicitado información a distintas reparticiones del estado. Por otro lado, se fijó el levantamiento patrimonial de los presuntos involucrados como una pericia clave para esclarecer la participación de estos en los hechos.

Sobre este último punto, se registrarían avances en pleno desarrollo, ya que de acuerdo a nuevos antecedentes recabados por El Día, las diligencias de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se encuentra recopilando dicha información. En estas semanas, los equipos se encontrarían en la etapa de análisis de las cuentas bancarias de los presuntos involucrados, lo que sería crucial para poder imputar formalmente delitos a quienes están bajo estas indagatorias y donde se acredite responsabilidad en el desfalco.

LAS ACCIONES EN LA CORPORACIÓN

Desde la corporación municipal, que sigue a través de su querella los hechos indagados y entregando la información requerida, dieron a conocer los procesos que la entidad sigue a raíz del complejo escenario que se ha configurado con los delitos que salieron a la luz. “De forma paralela a la investigación de carácter penal, nuestra institución ha acelerado la reformulación y fortalecimiento de todos los procesos internos y requisitos necesarios para proceder al pago correcto de boletas de honorarios, a fin de disminuir al máximo la probabilidad de que situaciones similares, vuelvan a ocurrir”, indicó Jorge Díaz, secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

Díaz indicó que se ha avanzado “con mejores estándares en tecnología, transparencia y probidad. Ejemplo de ello son las mejoras a nuestro sistema informático, eliminando la intervención humana en la digitación de boletas de honorarios, pasando a uno que es digital y automatizado”. A ello se agrega -sostiene- “la actualización de los manuales de procedimientos internos para gestionar de manera eficiente y transparente el proceso completo, desde la presentación, recepción, informe, respaldo, y verificación de las boletas, hasta la identificación clara de los responsables en cada etapa”.

El secretario general de la corporación remarcó que “desde el momento en que tomamos conocimiento y denunciamos este grave desfalco, nuestra preocupación ha estado siempre centrada en que la investigación avance de la manera más rápida posible, colaborando con todo lo que la Fiscalía nos ha requerido”. En ese sentido, dijo esperar que “prontamente, ojalá durante este segundo semestre, haya novedades, sobre todo en cuanto a la formalización de todas aquellas personas que, bajo nuestro criterio, se encuentra acreditada su participación en el delito, a fin de despejar cualquier sensación de impunidad al respecto”.