Dejan en arresto domiciliario a 8 gendarmes y otros 2 salen de prisión preventiva

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Occidente de modificar la medida cautelar de arresto domiciliario total, que decretó el Séptimo Juzgado de Garantía, para ocho de los imputados por la presunta red de corrupción y tráfico de armas liderada desde la cárcel de La Serena.

Por otro lado, el tribunal de alzada resolvió en torno a un segundo recurso, esta vez de la defensa, y revocó la medida cautelar de privación de libertad que había sido decretada para otros dos involucrados. Entre ellos, se encuentra el capitán de la institución que es catalogado por el Ministerio Público como líder de la agrupación criminal.

Con esto, se acogieron todos los planteamientos de la defensa y, en resumen, solo uno de los detenidos permanecerá por ahora tras las rejas, cuyo caso, no fue debatido en esta oportunidad.

El fondo

Sobre el primer recurso, el de la Fiscalía, la Corte concordó con el Juzgado de Garantía en descartar el peligro para la seguridad de la sociedad, en atención a la baja pena asignada a los delitos. Cabe señalar que los funcionarios son imputados por cohecho y lavado de activos.

“Es importante señalar que la Corte no cuestionó ni la existencia de los hechos investigados en esta causa, ni la participación de los imputados en ellos. Lo que hace el tribunal de alzada es señalar que la perspectiva de pena asociada es de baja entidad. Como Fiscalía estimamos que existe una realidad y es que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos tienen bajas penas, que, de hecho, parten en 61 días de presidio. Es decir, se podrían cumplir en libertad. Entendemos que a eso se refiere la Corte en su fallo”, declararon tras la audiencia desde la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Asimismo, destacaron “el voto de minoría” dentro de la constitución de la Novena Sala, que sí consideró un peligro para la seguridad de la sociedad y remarcaron que “todos los imputados continuarán con arresto domiciliario total”.

En cuanto al segundo recurso, esta vez de la defensa, el abogado Carlo Silva, del estudio Defensores Norte, quien lleva la representación de los imputados de la Región de Coquimbo, explicó que “lo que hace la Corte, es ratificar que no se da por acreditado que exista una agrupación criminal. Si se cae eso, se cae la ‘funcionalidad’ que se da al capitán de Gendarmería  y se descarta que él sea el líder de la organización en la forma en que lo propone la Fiscalía”.

Silva declaró que como defensa se encuentran “satisfechos” y agregó que “justamente, esa es la función de la defensa: balancear el sistema y darle equidad y por cierto, que la investigación continúe”.

Mediático caso

Fue el viernes 14 de junio cuando el OS9 de Carabineros, con apoyo del GOPE, irrumpió en los domicilios de una decena de funcionarios del Complejo Penitenciario de La Serena. 

La investigación apunta a una red de tráfico de armas, que era comandada desde el penal, contexto en el que los gendarmes tenían la función de ingresar elementos prohibidos, a través de una supuesta red de corrupción liderada por un capitán.

En total, comparecieron ante la justicia 20 personas: seis internos trasladados desde cinco diferentes cárceles del país, nueve funcionarios de Gendarmería, un exfuncionario y cuatro civiles, quienes actuarían como “testaferros” en los esfuerzos de los imputados por ocultar el patrimonio generado de manera ilícita.
De acuerdo a la Fiscalía Metropolitana Occidente, los involucrados habrían aumentado hasta en un 270% sus ingresos con esta modalidad. Lo anterior, en palabras del fiscal Marcos Pastén, respondiendo a declaraciones que el abogado Carlo Silva realizó en El Día, donde señaló que existía un “gran escenario montado” en torno al caso.

Sobre lo anterior, el defensor reiteró su perspectiva.

“Respeto mucho la posición que tenga el señor Pastén en representación de la Fiscalía, es su trabajo. Pero las afirmaciones que hicimos desde el comienzo, cuando conocimos los antecedentes de la investigación, eran que toda esa larga lista de delitos no se encontraba acreditada, y hoy se confirmó. Tanto el tribunal de Garantía como la Corte dicen que no toda la historia planteada por la Fiscalía tenía antecedentes veraces y un correlato en la investigación penal”.

Consultado por el abultamiento del patrimonio de los imputados mediante acciones ilícitas, Silva indicó que responde a un “cálculo” hecho por la Fiscalía que tilda de “un tanto ilógico”.

“Si se compró un vehículo de $20 millones, eso representa un ‘tanto’ porcentaje frente a lo que gana mensualmente y de esa forma llega a un porcentaje que planteó publicitariamente (...). Vamos a demostrar con los depósitos y un peritaje financiero que vamos a hacer a cada uno de nuestros defendidos, que los dineros que poseían y el vehículo que compraron, fueron adquiridos con fuentes absolutamente lícitas”, concluyó.