Gobernadora llega a trabajar pese a sanción y eleva recurso de “aclaración” a la Suprema

Había expectación sobre el desarrollo de la jornada de este lunes en el gobierno regional de Coquimbo. Esto, luego de que el fin de semana se conociera el fallo de la Corte Suprema, que confirmó las sanciones impuestas por la Contraloría en contra la gobernadora, Krist Naranjo, por mal uso de vehículo fiscal.

El máximo tribunal, cabe recordar, compartió el criterio del organismo en la mayoría de los puntos que fueron revisados, pero rebajó la medida a una suspensión por dos meses, que debiese estar ya en ejecución.

La autoridad llegó de todas formas a su oficina, en donde estuvo a puertas cerradas por un par de horas, para luego salir a dar sus primeras declaraciones del caso. Su equipo de prensa citó a los medios de comunicación a las 12:30 horas a las dependencias del GORE, en donde Naranjo se encontraba en compañía de sus jefes de división.

En el punto de prensa, la gobernadora partió criticando las acciones que se han levantado en su contra, las que, a su juicio, responden a la intención de “causar daño” a su gestión, por parte de los partidos políticos a través de los propios consejeros regionales y otros actores.

En ese sentido, apuntó nuevamente al hecho de que se trata de “la primera gobernadora electa en la Región de Coquimbo, independiente y mujer”.

También estableció diferencias entre  las faltas que le fueron encontradas, y otros hechos de mayor gravedad, como el “Papaya Gate” o el “caso convenios” a nivel nacional.

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Pese a considerar que existió un “intervencionismo político que supera cualquier criterio humano”, declaró que “asumo la sanción administrativa impuesta y con humildad”. Sin embargo, declaró que la resolución “no establece las condiciones en que se debe aplicar” la sanción, por lo que anunció que sus abogados están “viendo este tema con los organismos correspondientes”.

Consultada por su presencia en el edificio del GORE, Naranjo indicó que no ha sido notificada del fallo y confirmó que seguirá cumpliendo funciones, lo que incluye la presidencia de la sesión del Consejo Regional fijada para hoy.

Al tiempo que se desarrollaba el punto de prensa, se interpuso un “recurso de aclaración” presentado por su abogado, Isidro Solís, en la Corte Suprema.

En el escrito se remarca que la Contraloría no tendría facultades para imponer sanciones disciplinarias por la naturaleza de su cargo de elección popular, sino que es competencia exclusiva del TRICEL.

Incertidumbre en el CORE

Entre los consejeros regionales el hecho dejó dudas, sobre todo, considerando que es la primera autoridad en el cargo que recibe una sanción de este tipo.

“La Contraloría indica que mientras no sean notificados por parte de la Corte Suprema, la gobernadora podría estar ejerciendo sus labores, pero las interpretaciones legales que se dan ante esta situación, indican que podría incurrir en estar fuera de lo que la ley indica”, dijo el consejero Cristian Rondanelli, reconociendo que “tenemos un sinfín de dudas”, por lo que llamó a las instituciones a impartir claridad.

En el mismo sentido, su par en el CORE, Francisco Martínez habló de “una jurisprudencia ambigua”, que deja “en el aire” la sentencia. “No sabemos si tiene que ser a través de la notificación de la Contraloría o directamente a ella”. 

“Creemos que se está ‘peloteando’ la sentencia y esperar que la justicia se pronuncie prontamente”, agregó.

Por su parte, Javier Vega dijo que “el fallo está ratificado y esperamos que se logre notificar”, haciendo un llamado “a quien tenga que asignarse la tarea, que lo hagan prontamente”, indicado que “no podemos vivir en un gobierno regional irregular”.

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En condiciones de cumplir sanción

Al respecto, la abogada María José Lira, experta en derecho administrativo y académica de la Universidad Central, explicó a El Día que “la sentencia de la Suprema se cumple desde que se notifica y esa sentencia fue no notificada a la gobernadora a través de su abogado. A ella directamente no, pero sí a su abogado por correo electrónico el mismo viernes”.

Desde ese momento, entonces, “la sentencia está en condiciones de cumplirse”, dijo Lira. Esto, considerando que contra las resoluciones de la Corte Suprema, “no procede ningún recurso que modifique el fondo del asunto”.

En relación al recurso de aclaración que presentó el abogado de Naranjo, éste “busca que el tribunal explique quién es el encargado de ejercitar la decisión”, dice la experta, que considera la acción como “algo meramente dilatorio” y que no suspende la aplicación de la sanción, a menos que la misma Suprema lo decida una vez que lea el recurso.

En ese sentido indicó que sobre la materia sancionada, que es el mal uso de vehículo fiscal “las competencias están entregadas directamente a la Contraloría”.

Al parecer de la abogada, no aplicaría la figura del desacato, pero “la resolución está notificada y la gobernadora debiese estar cumpliéndola desde el mismo sábado”.

“Ante el incumplimiento, que no es algo normal o habitual, existen procedimientos para obligar a que se cumpla lo que ha resuelto un tribunal o una autoridad administrativa”, dijo.

No hay que olvidar -agrega- que pese a que es confirmada por la Corte, la sanción emana de Contraloría, que tiene ahora la decisión. En ese sentido, se podría dictar un nuevo acto administrativo de esta suspensión por dos meses y notificarlo, en cuyo efecto, comenzarían a correr los plazos para la suplencia, y se evalúa el cumplimiento con mayor claridad.