“Se hizo justicia” : Corte Suprema confirma sanción a Krist Naranjo pero rebaja suspensión a dos meses

La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución de la Contraloría Regional de Coquimbo que sancionó a la gobernadora Krist Naranjo por mal uso de vehículo fiscal, caso que fue denunciado anónimamente e indagado en una investigación sumaria del órgano contralor.

Eso sí, la sanción que se aplicará es menor a la dictada en principio. Ya no serán tres meses de suspensión de su cargo, sino dos, debido a que el máximo tribunal desestimó la comisión de faltas en algunos de los casos que fueron analizados.

Se mantiene, en tanto, la rebaja en un 50% de su sueldo y las medidas accesorias dictaminadas, como no el poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo y una anotación de demérito de seis puntos en su calificación.

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LA RESOLUCIÓN

La respuesta de la Corte Suprema se esperaba desde el mes de enero, cuando se informó que el tribunal había llegado a un acuerdo para la redacción del fallo en torno a la principal causa de faltas administrativas de las que se acusan a la autoridad.

Cabe mencionar que el proceso se extiende desde mayo de 2022, cuando la Contraloría ordenó la investigación sumaria. Tuvo su primer hito en agosto de 2023, fecha de la sanción que en su momento fue respondida con un recurso de reposición por parte de Naranjo, que fue desestimado por el órgano contralor.

Los antecedentes terminaron en la justicia, que entregó su decisión en un documento con fecha del 21 de junio de 2024, pero conocido públicamente la jornada de ayer, sábado 22.

Con los antecedentes a la vista, el máximo tribunal del país confirmó la resolución que sancionó a Naranjo, pero estableció diferencias en los hechos indagados, con lo que se redujo la medida tomada contra la autoridad.

Son 17 los viajes cuestionados por la Contraloría, de los cuales la Corte Suprema desestimó cuatro. Dos de ellos dicen relación con viajes que Naranjo Peñaloza hizo a su local de votación en Monte Patria en noviembre y diciembre de 2021. Otro es un traslado a una consulta médica en un centro comercial y el último refiere a una de las ocasiones en que llevó a su hijo a la universidad.

Sobre el primero, la Corte Suprema sostuvo que si bien sufragar no está en las funciones de su cargo, el asistir a los centros de votación para verificar cómo se lleva adelante el proceso, sí lo está, por lo que no se puede entender un uso estrictamente privado del vehículo fiscal.

En tanto, sobre los otros hechos estimó que si bien no son destinos propios de su función, son “de trayecto” a cumplir con sus funciones. Según se establece, hay circunstancias que lo justifican -como su salud- y además no se afectó con ellos a la función pública del Gobierno Regional.

Sobre todos los demás, el tribunal indicó que “no tenían el carácter de institucionales, sino que tuvieron por objeto cubrir una necesidad particular de la autoridad cuestionada o de su hijo”, sin acreditar, además, una justificación para ello.

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LAS REACCIONES DEL CONSEJO

Desde el Consejo Regional han estado atentos a todo el proceso. El día de ayer, varios de los representantes provinciales se refirió a la resolución, que en algunos casos consideran justa, pero tardía.

La consejera Ximena Ampuero destacó que se trata de “un precedente histórico en la aplicación de medidas disciplinarias a la autoridad máxima” y valoró que “la Corte Suprema por fin ratificó en esta espera que hemos llevado por varios meses”.

“Nos queda seguir adelante, nos queda poder contribuir a una mejor Región de Coquimbo y que eso no pase nunca más (…) cabe destacar que el Consejo Regional ha puesto todas sus herramientas para poder fiscalizar y transparentar situaciones que hemos vivido, como las bajas ejecuciones y la poca empatía al momento de llevar adelante proyectos tan emblemáticos para nuestra región, pero nos queda la satisfacción de que hicimos el bien”.

Por otro lado, manifiesta esperanza “de que también puedan salir medidas de los puntos que nosotros sentimos y analizamos que hay una falta a la probidad”, como los casos que se siguen en instancias como el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), órgano al que el cuerpo colegiado recurrió en paralelo.

Por su parte, Paola Cortés, presidenta de la Comisión de Régimen Interno del CORE, remarcó el hecho de que “pasaron varios meses” para tener al fin respuesta de la Corte Suprema. En ese sentido, indicó que “es lamentable sentir que las instituciones no funcionan en el tiempo que uno espera, pero alegrarnos porque esto finalmente llega”.

“Como Consejo contratamos a un abogado (Mario Zumelzu) que lamentablemente falleció hace poco y ahora estamos viendo quién va a tomar y continuar esa causa, porque en nuestro rol fiscalizador es la responsabilidad que tenemos y no podemos dejarla a medias”, indicó.

El presidente de la Comisión de Presupuestos, consejero Javier Vega, coincidió en que se trata de una “definición tardía” por parte de la Corte Suprema y lamentó que no se mantuvieran los tres meses de sanción.

“Dos meses es un tiempo muy breve y finalmente siento que fue una suspensión no ejemplificadora, sino que algo por cumplir. Me parece que esto debió ser sin goce de sueldo y en los meses que había planteado la Contraloría en su informe final. Es lo que hay y al menos que se haya hecho justicia nos da tranquilidad de que las instituciones funcionan y que nadie está por sobre la ley”, dijo.

Lombardo Toledo, por su parte, indicó que “la verdad tiene su hora, la Corte Suprema entregó un fallo y esperamos que las otras instituciones tengan la misma sapiencia, ya que la comunidad espera lo mejor de sus gobernantes”.

Asimismo, Francisco Martínez se declaró “contento” por la decisión del tribunal, afirmando que esto confirma los hechos que han sido denunciados. En la misma línea que Toledo, dijo que esperar “que no sea solo la Corte Suprema la que nos ratifique, sino que Contraloría y el Tricel estén prontos a darnos una respuesta a todos los requerimientos que hemos hecho en contra de la mala gestión que ha hecho la gobernadora”.

En tanto, Cristian Rondanelli indicó que “lo importante de esto es que se hace justicia y que la gobernadora, ya finalizando su período al mando del Gobierno Regional, no se va a ir a su casa sin haber tenido una sanción por todos sus malos actos”.

Sobre los procesos que siguen pendientes indicó que “vamos a continuar”, por lo que con un nuevo abogado se insistirá en los planteamientos que se han hecho a los organismos correspondientes.

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¿QUIÉN LA REEMPLAZARÁ?

Con la suspensión de la gobernadora regional, queda una nueva tarea: definir quién ocupará el cargo en su ausencia, lo que marcará el escenario político local de los próximos días.

La abogada María José Lira, especialista en derecho administrativo y académica de la Universidad Central, indicó que, en lo inmediato, debiese asumir el cargo la administradora regional (Karina Aguirre), “que es la que le sigue en jerarquía” a Krist Naranjo.

En paralelo, explica, “el Consejo Regional, a través de su secretaria ejecutiva tiene que llamar a una votación, porque cuando las ausencias o los impedimentos temporales son superiores a 45 días, corresponde que se nombre a un gobernador suplente”.

Aquello se deberá determinar en una sesión especial, donde entre los miembros del CORE se deberá elegir al suplente.

Sobre las reglas de dicha elección, Lira indica que asumiría el cargo quien obtenga la mayoría absoluta (50%+1 de los votos). Si ninguno de los postulantes alcanza esa cifra, se deberá hacer una segunda votación con las dos mayorías relativas de la primera ronda.

En esa segunda etapa, uno de los dos debe obtener mayoría absoluta y si no ocurre, o hay empate, asumirá como gobernador regional suplente el consejero más votado en su respectiva elección popular en el cargo.

Eso sí, para que corran los plazos, la corte Suprema debe oficiar al Gobierno Regional con copia de la sentencia, o podría la Contraloría, como parte del proceso, informar al organismo.

Frente a las definiciones que se tendrán que hacer, ya hay expectativas. Uno de quienes se refirió a la elección del suplente es Cristian Rondanelli, quien rayó la cancha y declaró que “quien asuma la suplencia no puede ser candidato a gobernador, lo he dicho desde siempre y creo que aquello es fundamental para dar gobernabilidad y que no primen intereses personales”.
Quien se encontraría en esta situación es Javier Vega, conocida carta del PC a candidato a gobernador para la elección de octubre, aunque su puesto en la papeleta no está definido.

Vega reconoce que “va a ser una votación bastante compleja” en la que aún no hay acuerdos. Si bien hay algunos “criterios informales”, dijo el consejero, “no ha habido conversación política al respecto”.

En ese sentido, dijo que “es relevante que exista un acuerdo de mayoría para buscar la alternativa de la suplencia”.

También, indicó que “cualquiera de los consejeros regionales ve esto como una posibilidad” para poder “seguir mejorando y perfeccionándose, y tomar el control de un espacio de poder mucho más amplio” que el actual cargo que ostentan.

En lo más próximo, indicó que “es fundamental que durante esta semana podamos hacer una conversación, al menos los consejeros oficialistas, de cuál va a ser la postura que vamos a llevar como conglomerado”.

Sobre su caso, dijo estar “tranquilo” y remarcó que “soy el consejero más votado y ya he presidido el Consejo Regional”.

“Es de suma importancia para mi que finalmente quien sea que esté, avance en todos los convenios de programación que han estado frenados y los proyectos que hoy se requieren con urgencia en la política pública y la inversión pública que tiene el Gobierno Regional”.

MALA NOTICIA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

El analista político Luis Moncayo, rescató lo positivo y negativo de la noticia, recalcando que se trata, en primer término, de una respuesta de la institucionalidad con un caso que ha pasado por diversas instancias.

“Aquí ha habido un pronunciamiento después de una acuciosa investigación de la Contraloría. La gobernadora apeló, esta ratificó la sanción y ella fue, legítimamente, a la Corte Suprema, que finalmente se pronunció”, dijo.

En lo que calificó como la parte negativa, ya que es “una mala noticia para la descentralización del país el hecho de que en un corto tiempo de ejercicio de las funciones de los gobernadores regionales, tengamos ya un caso de una autoridad sancionada por el uso indebido de vehículo fiscal, que es una cosa de sentido común que los bienes públicos son usados para la función pública”.

En lo positivo, destacó “la importancia de las competencias que la Contraloría General de la República tiene para estos casos de faltas en el ejercicio de las funciones, porque normalmente se critica que se hacen investigaciones y sumarios que no llegan a nada. Aquí quedó demostrada la eficacia respecto a la institucionalidad”.

Otro punto en el que se manifiesta “optimista” es en el proceso que sigue para elegir un suplente. Esto, por las acciones que ya ha estado desarrollando el Consejo Regional, desde donde saldrá el elegido.

“En múltiples ocasiones el Consejo Regional, por unanimidad, se había manifestado muy crítico de algunos actos de la gobernadora (…) quiero decir que creo que la ciudadanía debiera tener confianza en que el órgano colegiado va a tener la madurez para discernir y elegir a quien estime conveniente para que cumpla las funciones de gobernador regional durante el tiempo que dure la sanción”, señaló.

Moncayo lamentó “que la gobernadora no haya tenido la responsabilidad de tener conciencia de lo que estaba sobre ella”. Algo que, dice, pesa en “quienes hemos sido luchadores por más de una década de la causa descentralizadora”.

Sin embargo, la mayor afectación ha sido -sostiene- a los propios funcionarios del Gobierno Regional.

“No creo que lo hayan pasado muy bien, tanto los que están en cargos de confianza como aquellos que son de planta”, dijo, afirmando con ello que “esta suspensión ofrece una oportunidad para que los funcionarios del GORE puedan ejercer sus funciones con mucha más tranquilidad y puedan ponerse a disposición de cualquiera sea la persona que vaya a designar el CORE”, declaró.

“UN ALIVIO”

Precisamente, es el análisis que hacen desde la Nueva Asociación de Funcionarios del GORE, cuyo presidente, Manuel Barraza, conversó con El Día para entregar las impresiones sobre la noticia que marcó la jornada.

En primer lugar, lamentó el tiempo que demoró la resolución de la Corte Suprema, que revisó la apelación de la gobernadora a la sanción de la Contraloría, algo que, de paso, calificó como “uno de los vacíos que tiene la ley de Gobiernos Regionales”.

“Pensamos que se demoró demasiado en el pronunciamiento. A fines de junio, es demasiado”, dijo.

Por otro lado, si bien valora que se comprobó que existieron faltas en el uso de vehículo fiscal, sostuvo no estar “muy de acuerdo” con que se rebajara la sanción. Esto, pese a que remarca respetar lo dictaminado por el máximo tribunal.

Asimismo, afirmó esperar que otras instancias como el Tricel, también se pronuncien, calificando el fallo de la Corte como “un alivio” para los funcionarios.

“Seguimos sin pasarla bien en el Gobierno Regional, seguimos con funcionarios que están muy mal, con consecuencias psicológicas y ella (Naranjo) nunca ha querido revertir eso”, declaró.

Finalmente, manifestó “todo el apoyo” a quien termine siendo el suplente. “Lo único que le pedimos a quien esté por estos dos meses, es que trabaje con los funcionarios”, finalizó.

El Día tomó contacto con el equipo de prensa de la Gobernadora Regional, desde donde declinaron entregar declaraciones por el momento.