Habitantes de Caimanes valoran fallo judicial y esperan acuerdo con Pelambres

Entre las acciones se cuentan medidas en materia de seguridad y para garantizar el acceso al agua. También incorpora la creación de un fondo de desarrollo comunitario, para contribuir a financiar programas o proyectos.
miércoles 10 de agosto de 2016

El año 2006 entró en funcionamiento el tranque de relaves El Mauro, de propiedad de minera Los Pelambres. De ahí en adelante y por cerca de una década se mantenía el conflicto entre la minera y los habitantes de la localidad, que tuvo su punto cúlmine este lunes, cuando la Corte de Apelaciones de La Serena revocó un fallo de primera instancia emitido por el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, que en marzo de 2015 rechazó el Plan de Ejecución de Obras presentado por la minera regional y ordenó la demolición o remoción total o parcial del muro de esta infraestructura minera.


Para ellos es más que un proceso judicial, es una lucha que han mantenido por muchos años y lo ven en cierta forma como algo que va a definir el destino de este poblado. Por eso este resultado es bien recibido por los habitantes de la comunidad, que ya desde septiembre de 2015 había comenzado un acercamiento con la minera, que culminó en la firma de un acuerdo en abril de este año. En líneas generales, este convenio establece medidas en materia de seguridad, para garantizar el acceso al agua de los habitantes e incorpora la creación de un fondo de desarrollo comunitario, para contribuir a financiar programas o proyectos.


Este acuerdo habría sido clave en la decisión de los magistrados, pues garantizaría una serie de acciones tendientes a asegurar, por ejemplo, la disponibilidad de agua para la comunidad. De hecho, este tribunal definió que “se aprueba el plan de obras complementarias presentado por la denunciada Minera Los Pelambres, la que no obstante, quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones”.


Entre otros requisitos, se pide “que incluya aquellas medidas acordadas, para estos efectos, con los pobladores de Caimanes en el Acuerdo Marco de “Entendimiento y Cooperación Recíproca”, de fecha 28 de abril de 2016”, las que deberán comenzar a ejecutarse.


Por esta razón, a juicio de Marcela Araya, una de las representantes del pueblo de Caimanes que suscribió este convenio, este hecho marca un hito de lo que ha sido la relación con MLP. “Esto marca un antes y un después y es de esperar que las obras se cumplan, se han ido superando etapas y este es uno más de los procesos que hemos tenido que pasar”, puntualiza.


En este sentido agrega que “me siento bien conforme, la verdad es que para el bien de todo el pueblo y de la comunidad de Caimanes es lo mejor que podría haber pasado. A lo mejor no es de conformidad para toda la gente, pero sí en su mayoría. Ahora hay que esperar seis meses que se cumplan las obras, hay varias cosas que quedan por hacer todavía, pero por el bien de toda la comunidad me siento contenta y satisfecha del trabajo que se ha estado realizando”.


Los habitantes de la comunidad de Caimanes y del resto de las comunidades del valle del Pupío reconocen que aún existe un porcentaje de personas que mantiene su rechazo a la minera, pero aseguran que luego del cambio en la forma de acercamiento que se ha dado con la compañía, los conflictos se han aminorado. En algunos periodos, cuentan que esto se agudizó al punto de generar la división de familias al interior del pueblo. 


“De todas maneras se ha tranquilizado, los conflictos se han ido minimizando, en la comunidad recién se están retomando las confianzas, están volviendo las amistades que se habían terminado. Creo que Caimanes está en un proceso nuevamente de levantarse como pueblo en la unidad que siempre había tenido, por el bien de toda la comunidad y todo el valle debiese ser así”, indica Araya.


La pobladora dice que este movimiento sigue vigente con sus ideales “pero ya con un grupo más pequeño, porque cuando ya Pelambres decidió acercarse a una mesa de trabajo, mucha gente se desprendió del Comité y decidieron que fuera un trabajo integral, que participara toda la comunidad”. 


Así también lo considera Carlos Cortés, otro de los representantes de la comunidad de Caimanes, quien considera que este fallo, que pone fin al juicio por obra nueva, viene a calmar las aguas. “Para nosotros ha sido una tremenda tranquilidad de que esto se esté llevando de esta forma y que la comunidad participe. Hemos trabajado durante muchos meses en ese sentido y por eso se dio el fallo de la Corte de Apelaciones, porque ve que aquí hay un trabajo de la comunidad organizada para el beneficio de nosotros mismos”.


Cortés manifiesta que ha pasado una década en que sólo se ha visto la lucha en tribunales, “pero la verdad es que la comunidad de Caimanes no ha recibido los beneficios de tener una compañía minera tan importante como Los Pelambres en la zona”.


La gran mayoría de los habitantes, el 81% aprueba este acuerdo, dice y con este fallo sin duda se va a sumar un porcentaje importante. “Tenemos que reconocer que no va a ser el 100%, en eso estamos claros, pero sí la gran mayoría de la comunidad lo que quiere es estar tranquilos y poder trabajar y desarrollarse”.
Por su parte, Juan Aracena, habitante de Caimanes, manifiesta que “eso es lo que se estaba esperando, porque en definitiva uno tiene que tener también un poco de sensatez, que después de tantos años algo logre siquiera Caimanes con todo esto. Si bien es cierto que no es para festejar, pero por lo menos algo que se haga y creo que por eso se llegó a ese acuerdo. A lo mejor las otras personas no piensan igual, pero creo que si el acuerdo al que se llegó se pone en práctica y la minera respeta todo lo que se acordó ahí es bueno”.


En tanto, Manuel Iturra, de la localidad de El Rincón, que también forma parte de este acuerdo, indica que “estamos contentos de que termine luego este proceso, llevábamos muchos años y la gente estaba esperando que terminara luego esta lucha que se ha dado. Es de esperar que los acuerdos se cumplan como están establecidos, con todos los beneficios y las cosas que hay que hacer ahí en diferentes ámbitos. Entonces, estamos ahí con una esperanza”.

INICIO DEL TRABAJO CONJUNTO. Una vez que la propia Corte de Apelaciones de La Serena estableciera en su sentencia la obligación de la minera regional de cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo firmado con los habitantes de Caimanes y del resto de las comunidades del valle del Pupío, los representantes de la comunidad esperan que se vayan concretando diversas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo del sector. 


Carlos Cortés cuenta que ya se han analizado varios temas, “por ejemplo, se hizo un trabajo en cuanto a obras de seguridad y hay una serie de obras respecto del agua que hemos desarrollado en conjunto con la minera, con profesionales que a nosotros como comunidad nos asesoran. Estábamos esperando este fallo por un lado, pero ya estábamos trabajando. Hay una carpeta de necesidades que tenemos en el pueblo y tenemos que ir materializando las que sean más importantes”, precisa. 


Ahora lo que será clave, dice, es que los organismos públicos supervisen este cumplimiento “y que autoricen las obras que se deben desarrollar”.


Según señala Marcela Araya, a la fecha hay obras en cuanto al tema de seguridad que ya se concretaron “y hay otras en las que ya están los proyectos y se han ido mostrando a la comunidad, así que yo creo que eso también va bien, avanza bien. Se hizo una plazoleta, una zona de seguridad en caso de cualquier eventualidad, donde los niños del colegio deben acudir, con señalética, hay una alarma, varios avances”. 


Pese a que no ha sido mayormente mencionado, se ha señalado que este convenio establece también un acuerdo en materia económica. Consultada al respecto, Araya indica que efectivamente. “Eso debiera ser así, no sé los tiempos que se van a destinar para eso, pero debiese ser pronto. Son 9.800 millones para toda la comunidad, pero cuánto es por familia va a depender del registro de las familias que tenemos y de las personas que los vayan a tomar”.


A través de una votación, agrega, se definió que el monto se determinaría por familia y no por persona como se discutió al principio. Se entregará a quienes cumplan dos requisitos fundamentales: que sean residentes del lugar desde antes de 2011 y que sean mayores de 18 años. La cifra de familias que suscribió este acuerdo se estima en 200.