Crimen organizado y riñas entre reos de alta peligrosidad, la realidad de Huachalalume

Hace ocho días, el Gobierno realizó un importante anuncio. El compromiso es hacer una intervención a seis recintos penitenciarios del país y así evitar la comisión de crímenes al interior de esas cárceles.

Cabe destacar que se llegó a este acuerdo luego de la reunión que sostuvo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y el fiscal nacional, Jorge Abbott.

Los establecimientos que serán intervenidos son seis: el complejo penitenciario de Valparaíso, Santiago 1, Colina 1 y Colina 2, Arica y Huachalalume, en La Serena.

De acuerdo a fuentes de diario El Día, aún se están afinando detalles para precisar plazos exactos sobre la puesta en marcha de esta intervención en el recinto de la comuna de La Serena. En efecto, la información de este plan para la cárcel más grande de la región sólo sería informada en un par de semanas más. 

La intervención busca enfrentar de manera mucho más frontal la ocurrencia de delitos, como por ejemplo el brutal caso de tortura entre internos el pasado 18 de agosto, o las riñas que ocasionalmente tienen lugar al interior del penal de Huachalalume, lo que preocupa a los funcionarios.

Jokan Garrido, secretario nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en conversación con diario El Día se refirió a las principales problemáticas que las autoridades deberían abordar y aquellas que se han mantenido por largo tiempo.

“Estamos al tanto de las acciones coordinadas que pretenden llevar adelante las autoridades y la intervención que desean realizar a seis cárceles del país. De hecho, hemos estado en contacto con ellos. Sin embargo, lo que más nos preocupa a nosotros en Huachalalume es que estamos llegando a un límite en la capacidad de internos, ya que hasta el pasado viernes quedaba espacio para cuatro internos condenados y de 18 imputados. Nos encontramos al borde y no tenemos donde dejar internos en prisión preventiva, considerando que todos llegan a Huachalalume”, acotó el dirigente.

Por otra parte, señaló que “los pelotazos desde el exterior del recinto continúan, el crimen organizado sigue ganando fuerza y es fundamental contar con una mayor cantidad de recursos tecnológicos”.

Otro aspecto clave es que cuentan con la mayor población penal de riesgo, los llamados PPR en el país. “Se trata de 155 internos, que son refractarios del sistema carcelario chileno. Esto, porque cuentan con penas elevadas o penas perpetuas. Algunos de estos han participado de fugas en el pasado e incluso cuentan con diversas faltas a nivel de régimen interno y son líderes de bandas criminales al interior de la unidad penal”.

 Asimismo, Jokan Garrido acotó que “tenemos una gran cantidad de internos que tienen segmentación agotada, lo que quiere decir que tienen problemas con sus mismos pares. Son cerca de 50 internos que se encuentran en esa condición, por lo que estamos a la espera de que la autoridad de servicio pueda realizar el traslado hacia otras regiones como se los hemos manifestado”.

Frente a este escenario, y a la futura intervención que se producirá en el penal de Huachalalume, el delegado presidencial, Rubén Quezada, sostuvo que es el tiempo de abordar la problemática muy en serio.

“Es momento de dejar de esconder los problemas bajo la alfombra. Desde este Gobierno estamos abordando los temas difíciles, que han sido postergados por años”, señaló la autoridad.

Asimismo, el representante del Presidente Gabriel Boric en la región añadió que “nuestras cárceles deben ser lugares donde se cumplan las condenas y su rol en la reinserción social, no lugares donde se potencie el delito. El personal de Gendarmería debe poder llevar a cabo su trabajo -que ya de por sí es difícil- con mayor seguridad. Hoy estamos avanzando, con medidas concretas, para mejorar la seguridad de forma seria, y donde realmente hay impacto”, puntualizó la autoridad.