Toma de La Rinconada: denuncian que nuevas familias ocupan terrenos desocupados

En junio parecía que la toma del sector La Rinconada del Sauce en Coquimbo llegaba a su fin.

El juicio oral por usurpación de terrenos para cerca de veinte personas era cambiado por una suspensión condicional del procedimiento debido a que las partes – la defensa, querellantes y fiscalía-llegaban a un acuerdo: las familias que usurpaban los terrenos debían abandonar el lugar en 70 días. Sin embargo, los vecinos del sector explican que la situación está lejos de concluir.

“El día 23 de agosto se cumplió el plazo y la gran mayoría no había abandonado el lugar. Los pocos que salieron de las parcelas fueron reemplazados por nuevas familias que los mismos dirigentes buscaron y ubicaron en los terrenos”, señaló Ámbar Díaz, vecina del sector y habilitada en Derecho.

Ella explica que la principal arma para mantenerse en el terreno por parte de los ocupantes es la falta de certeza respecto a cuánta gente habita en la toma. 

“Ellos saben que su mejor arma es, precisamente, que no se sabe con certeza cuánta gente hay. Porque si bien nosotros realizamos un empadronamiento, todo el universo que vive, habita o concurre a la toma está en constante movimiento”, indica.

Lo cierto es que si bien pueden expulsar a quienes fueron sometidos a juicio, la interrogante es qué pasará con las personas que siguen ahí.

“Lo preocupante es que desde el día en que se instaló esta toma nos hemos visto enfrentados a situaciones muy vulneratorias”, advierte la vecina. Entre ellas, la violencia.

“Amenazan a los vecinos desde el primer día a la actualidad, pelean entre ellos, beben en forma desmedida, trafican drogas desde adentro de la toma. Entonces se ha vuelto insostenible”, dice.

El último episodio afectó a una habitante muy antigua del sector de La Rinconada.

“Se le quemó la casa y personas de la toma le quitaron lo poco que le había quedado. Entonces, es una situación tras otra y no sabemos qué más hacer”, dice Ámbar Díaz.

Lo de no saber qué más hacer se aplicaría también a las medidas para expulsar a las personas que ocupan los terrenos. 

“Si bien intentamos presionar a Carabineros y los fiscales, pedimos tomar medidas a los tribunales. Lo cierto es que no hay avance y no sabemos qué más está faltando. Ellos ya aceptaron la culpabilidad y se saben que estas personas no deben estar acá. No entendemos por qué el desalojo no sale”, indica.

“Lo más complicado” agrega, “es que no queremos que llegue el verano, porque sabemos que Carabineros tiene más trabajo. En febrero están las vacaciones del Poder Judicial lo que significaría esperar dos meses y retomar el procedimiento en marzo. Queremos que salgan ya, porque es insostenible vivir con ellos”, dice. 

La vecina indica que si bien tanto la Delegación Presidencial como la municipalidad les dijeron que les ayudarían en el desalojo una vez que tuvieran una resolución judicial, “que dijera que estas personas tienen que salir”, asegura, a la fecha no tienen respuesta por parte de las autoridades.

“Esta toma tiene todas las pruebas de que es una tierra sin ley y que están haciendo uso de un terreno que no les corresponde y que se ha transformado en un foco delictivo. Aún con todo el trabajo que hemos realizado pidiendo oficios para demostrar a la autoridad que esto no puede seguir así, aún así tenemos que convivir con ellos”, lamenta.