PDI ha denunciado a 1375 extranjeros en la región tras sus fiscalizaciones

Un significativo aumento en la fiscalización de personas extranjeras evidenció el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena durante el año 2022, según explicó el jefe de esta unidad, el subprefecto Germán Cerda.

Según explicó el subprefecto de la Policía de Investigaciones, la medida es parte de la labor que debe realizar la PDI conforme estipula la Ley 21.325 sobre migración y extranjería, que dice relación con el control de la permanencia de extranjeros en el país.
Para Germán Cerda, si el año 2021 las fiscalizaciones llegaron a 55, durante el presente año ascendieron a 74, lo que permitió controlar 1.544 personas durante lo que va del 2022, cifra muy superior a las 602 personas fiscalizadas durante el 2021.

El aumento de fiscalizaciones se debió a un trabajo mancomunado con la Prefectura de Elqui, que fue aportando lugares y sectores propicios para el aumentó de los controles.

Este aumento determinó que se denunciaran a 1.375 personas extranjeras, principalmente por ingreso irregular al país, además de por ejercer actividades remuneradas sin la debida autorización y otro número a personas que no han renovado o efectuado sus validaciones en los registros transitorios para estar en el país, explicó el subprefecto.

La cifra es superior a la del año pasado, en que los denunciados llegaron a 1.344.
La mayor cantidad de las personas denunciadas son de nacionalidad venezolana, seguido de personas oriundas de Bolivia.

Si bien las labores de inspección se centran tanto en el radio urbano como rural o agrícola, es precisamente este último sector el que ha tenido una fuerte fiscalización, lo que ha permitido detectar a extranjeros, especialmente de origen boliviano, ejerciendo actividades remuneradas sin contar con los permisos respectivos. 

“En ese ámbito han sido denunciados a quienes los contratan y adquieren sus servicios sin que esto se encuentren debidamente autorizados en el país para ejercer actividades remuneradas, también han sido denunciados a la autoridad por infringir el art. 103 de la Ley 20.325”, señaló la autoridad policial.

Por esta razón, se ha realizado diversos acercamientos tanto con agricultores como contratistas para ir regularizando la situación de este tipo de trabajadores informales.

“Nosotros hemos tenido acercamiento con la Sociedad Agrícola del Norte para llegar a desarrollar un trabajo mancomunado con los agricultores y hemos tratado de acercarnos a los contratistas con el objetivo de ir educándolos y solicitando que cuando el extranjero llegue al país ya venga con autorización de trabajo, es decir, que antes que ingrese al país manifieste sus reales intenciones al venir al país: turismo o trabajo”, indicó.

El subprefecto explicó que, en este último caso, los trabajadores extranjeros deben contar con una autorización que entrega el Servicio Nacional de Migraciones para las actividades remuneradas, “hemos puesto acento y nos hemos acercado con estos rubros con el objetivo de ir educando y sensibilizando a la población migrante”, señaló.

La medida busca regularizar el trabajo de modo que las personas migrantes no sufran abusos.

“Buscamos evitar la trata de personas, el tráfico de migrantes y los abusos o maltratos laborales de los que pueden ser objeto los migrantes por el hecho de no tener documentación”, explicó.

La autoridad policial indicó que a diferencia del año 2021, este año no se registraron abusos laborales hacia personas extranjeras, “Solamente hemos detectado irregularidades en el trabajo, como que no cuentan con los permisos o autorizaciones respectivas”, dijo.

Considerando que la temporada agrícola comenzó hace dos semanas en las regiones de Atacama y Coquimbo, la autoridad policial señaló que se continuará con el trabajo y educación en predios agrícolas y contratistas, para ir regularizando la situación de los trabajadores y difundiendo los programas del Servicio Nacional de Migraciones, a fin de que las personas que vengan a trabajar ingresen con autorización.

En cuanto a personas expulsadas, el prefecto explicó que por mandatado de los tribunales de justicia a la fecha se han expulsado a 25 migrantes en la región.

“La mayoría de ellos han sido expulsados por delitos relacionados con infracción a la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas”, explicó la autoridad policial.

La cifra es superior a la del año pasado en que se expulsaron 19 extranjeros.
Consultado por el aumento del número