Caso Ponce: Niegan libertad a cinco de los detenidos por asesinato de joven en Paihuano

En el Juzgado de Garantía de Vicuña se debía realizar ayer la audiencia de preparación de juicio oral y revisión de solicitudes de libertad condicional por el caso del  secuestro y asesinato de Alejandro Ponce, hecho ocurrido en la comuna de Paihuano.

Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida a petición de algunos de los defensores de los imputados, argumentando que faltarían algunos datos o pericias por realizar y sólo se procedió a revisar las solicitudes de libertad de cinco de los diez detenido que hay en el caso, las que, finalmente,  fueron denegadas por el juez Felipe Rabanal Kalergis.

Cabe recordar que los hechos se remontan a la noche del 28 de noviembre de 2022 en la comuna de Paihuano, cuando la víctima, Alejandro Ponce Rodríguez, de 26 años de edad, fue citado por una mujer que conocía. Al llegar a dicho encuentro, fue atacado por otros sujetos, secuestrado y trasladado a un domicilio particular, lugar donde no sólo le dieron una brutal golpiza, sino que lo vejaron y asesinaron, mientras era grabado con un teléfono celular, videos que posteriormente llegarían a manos de la fiscalía. 
Hecho desaparecer, su cuerpo sería encontrado días después semienterrado en una zona precordillerana de Vicuña por un particular que caminaba por el sector.

Según antecedentes entregados por la familia de Alejandro Ponce tras su desaparición, éste habría recibido amenazas por parte de quien resultaría ser el acusado como autor intelectual y material del crimen, aparentemente porque Ponce habría mantenido una relación amorosa con una ex pareja del acusado, del que precisamente ayer se pidió su libertad condicional, la que, como se detalló anteriormente, fue denegada.

Tras la acuciosa investigación que llevó adelante la PDI, se detuvo a 10 personas que estarían involucradas en el asesinato y secuestro, algunas en calidad de autores materiales y otras como encubridoras.

Suspendida la audiencia de preparación de juicio oral, el magistrado procedió a la revisión de las solicitudes de libertad condicional de cinco imputados, de quienes se prohibió a la prensa entregar su identificación o publicar imágenes a solicitud de sus defensas.

La primera solicitud que se revisó fue el de una de las dos detenidas en el caso, de quien su abogado defensor dijo no contar con más antecedentes que aportar. En tanto, el fiscal Juan González, solicitó mantener la prisión preventiva y lo propio hizo la abogada querellante, Cecilia Álvarez, por lo que el magistrado, aludiendo a que no había nuevos antecedentes ni habiendo variado los que había, mantuvo la prisión preventiva. 

Por otra parte,  el defensor penal público, Nicolás Protopsaltis, argumentó por la libertad de tres de los detenidos, señalando que uno de sus defendidos fue imputado como encubridor de secuestro con homicidio e inhumación ilegal, pero considerando el tiempo transcurrido, la presunción de inocencia, y que las audiencias de preparación se reprogramaron por causales no imputables a su defendido, la prisión preventiva debería ser examinada con cautela,  solicitando la cautelar de su defendido.

Respecto a sus otros dos representados, quienes están acusados como autores de los ilícitos, afirmó que el tiempo que ellos llevan detenidos debería ser un factor a considerar para su excarcelación, a lo que se suma la reprogramación de audiencias en más de una oportunidad. 

“A ambos les asiste la presunción de inocencia. Ambos buscan su derecho a juicio. Ambos van a presentar su tesis de no participación en la audiencia de juicio. Son ciudadanos con presunción de inocencia como cualquier otro. Por lo tanto, nos parece que si han de estar privados de libertad sería únicamente en el evento de una sentencia condenatoria, lo cual es una posibilidad dentro del juicio”, fue parte de la argumentación del defensor.

No obstante, el fiscal de Vicuña, Juan González, se opuso a la medida solicitada, precisando que  atendida la naturaleza del delito, la participación, el número de imputados y los antecedentes dispuestos por las Fiscalía “la libertad de todos es un peligro para la sociedad”. En tanto, la querellante, Cecilia Álvarez, también se opuso a la medida.

El juez Felipe Rabanal, por su parte, consideró que desde la última vez que se revisó la prisión preventiva de cada uno de los imputados no se  esgrimieron nuevos antecedentes en su favor, además de que el límite temporal fijado en el Código Procesal Penal, señala que se debe cumplir por lo menos, la mitad del tiempo de la condena probable a aplicar y en este caso según las penas que se han solicitado, aquello no se cumple, por lo que denegó la solicitud.

Asimismo, también denegó la solicitud hecha por la defensora privada, Fabiola García, en favor de otro imputado quien argumentó en favor de su defendido que la prisión preventiva no era la única medida posible para la seguridad de la sociedad, pues también se podría aplicar como medida alternativa el arresto total, que implica una privación total de libertad en un lugar específico y determinado.

También mencionó que se le imputaba como encubridor de un delito que desconocía y que además ha colaborado con la investigación.