No rotundo: Contraloría rechaza recurso de apelación de gobernadora Krist Naranjo tras sanción

La Contraloría Regional de Coquimbo rechazó el recurso de reposición interpuesto por la defensa de la gobernadora, Krist Naranjo, ante la sanción por mal uso de vehículo fiscal. De esta manera se ratificó la suspensión por tres meses de su cargo y la reducción del 50% de su sueldo por el mismo periodo de tiempo.

Cabe recordar que fue el pasado 22 de agosto cuando se dio a conocer la notificación por parte de la Contraloría sobre la sanción en el marco de una investigación sumaria. En concreto, la indagación evidenció que en los años 2021 y 2022, la autoridad ordenó a los conductores del vehículo fiscal trasladarla con fines personales.

Asimismo, de acuerdo a la investigación de la Contraloría, la gobernadora permitió que su hijo utilizara el vehículo fiscal para que el chofer lo fuera a dejar a diversos lugares de la ciudad. Sin embargo, ninguna de estas actividades estaban relacionadas con sus funciones, sino que sólo reportaban un beneficio personal.   

Tras conocerse la sanción la gobernadora tenía hasta el 29 de agosto, para apelar la decisión, y así sucedió, cuando la defensa, a cargo del abogado Isidro Solis, presentó el recurso de reposición ante el contralor regional, Hugo Segovia. Es así que tras dos meses, la Contraloría Regional de Coquimbo emitió su resolución en la que rechazó dicho recurso.

Con esta determinación, ahora el ente contralor remitirá su informe a la Corte Suprema, la cual, deberá decidir si acoge o no, la sanción interpuesta.

De acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso de forma exclusiva  Diario El Día, la defensa de la gobernadora indicó que descarta las acusaciones. “En caso de acreditarse lo contrario, ello correspondería a un error, cometido sin ánimo de obtener un provecho o beneficio”, se indica en el documento.

La defensa también agregó que los cometidos “no son ajenos al servicio o para beneficio particular, por cuanto, buena parte de los traslados que le son reprochados no tienen esa finalidad”.

Además, asegura que la investigación ha infringido el principio de objetividad e imparcialidad y que tenía por finalidad, “sancionar a la autoridad regional”.

“La tarea del instructor es allegar antecedentes completos para esclarecer los hechos materia de la investigación. Es decir, tanto aquellos para inculpar como exculpar, si fuera el caso, pero en esta investigación sería evidente que la labor investigativa es sinónimo de actividad persecutoria, pues toda la actividad indagatoria, las declaraciones de testigos que carecen de imparcialidad atendido los conflictos previos que tuvieron con la gobernadora regional, la fragmentación de las rutas del vehículo y la total y absoluta minusvaloración de la prueba aportada por su defendida, demuestran que el procedimiento tenía por finalidad sancionar a la autoridad regional”.

Por último, la defensa argumentó que las sanciones “carecen de razonabilidad y proporción”, esto, debido a que hechos que se tienen por acreditados se califican y valoran jurídicamente con omisión de antecedentes y circunstancias. Además se añade que “las conductas investigadas no se encuadran razonablemente, con una infracción grave al principio de probidad administrativa”.

“En caso de haberse cometido una falta administrativa, procedería a un reproche administrativo, pero no una sanción como la que se propone”, finaliza la defensa.

REACCIÓN DE CORES

Desde el Consejo Regional, la consejera Paola Cortés valoró la resolución de Contraloría. “Esperaba que se diera de esta forma porque cuando la Contraloría la sancionó, ya había una investigación previa por el mal uso del vehículo fiscal, que había realizado el ente contralor, además de la declaración que entregó el conductor y se agregó el informe de la comisión fiscalizadora que realizó el Consejo. Que ellos se retractaran de esto era muy difícil. Esto reafirma el trabajo que se ha venido realizando y que todos los argumentos y denuncias son serias”, indicó.

En esta línea la consejera, Ximena Ampuero, espera que de haber un dictamen de la Corte Suprema, sea en la línea de la resolución de Contraloría.

“Seguimos avanzando porque el mal uso del vehículo fiscal no se debe hacer como entes políticos. Es un respiro en la cual nuestras denuncias y nuestras quejas que tenemos constantemente con la autoridad máxima de la región sigue su curso. Espero que esta última instancia (Corte Suprema), siga el mismo camino que Contraloría ha tomado para trabajar en un ejercicio justo, transparente y con altura de mira, que dentro del periodo de nuestra gobernadora, no ha sido así con el cuerpo colegiado, ni tampoco con las organizaciones, ni con las personas que vivimos en la Región de Coquimbo”.

Por su parte, el consejero, Javier Vega, precisó que, actualmente, está en funciones un gobierno regional “irregular, con condiciones  no vistas en otras regiones”.

“Se entiende, porque la gobernadora no quería volver a tomar sus funciones, era precisamente seguir alargando el proceso, que ya está definido por la Contraloría, que ya la sancionó (…). Acá no hay ninguna voluntad de asumir responsabilidades respecto a las actuaciones que ha tenido la gobernadora regional en relación a la probidad pública. Esperamos que esto sea un antecedente más para seguir en el proceso de destitución de esta gobernadora regional que le ha hecho un daño terrible a la Región de Coquimbo, entrampando proyectos, no generando coordinaciones, e invisibilizando al Consejo Regional”.