TIENEN 10 DÍAS HÁBILES PARA RESPONDER

La grave acusación contra gobernadora que llevó a la Contraloría a solicitar antecedentes

El ente tomó conocimiento de los hechos luego de la difusión de una carta en la que el conductor expuso una serie de amenazas, maltratos y peticiones que iban contra la Ley del Tránsito por parte de Krist Naranjo. Consejeros dejan ver su molestia ante seguidilla de polémicas que “empañan el trabajo”
sábado 30 de abril de 2022

La Contraloría solicitó antecedentes al Gobierno Regional de Coquimbo para indagar eventuales faltas a la probidad en el actuar de la gobernadora Krist Naranjo. Esto, tras hacerse pública la carta en que un funcionario dio cuenta de una serie de irregularidades y maltratos que habría recibido por parte de la máxima autoridad de la zona.


El caso se suma además a la reciente polémica por una comentada publicación en la cuenta oficial del GORE en Twitter, en que responden a la crítica de Oscar Tapia, militante y presidente regional de la UDI, por una gráfica con la que la autoridad saludó a Carabineros en su aniversario, en la que se ocupó la imagen de una actriz personificando a un policía en una teleserie.
Este último hecho también está en conocimiento de la Contraloría, mediante denuncias que ingresaron tras la viralización del posteo, según informaciones recabadas por nuestro medio.


La polémica semana de la gobernadora regional no ha pasado inadvertida. Es más, ha incrementado las críticas de parte de los consejeros regionales, quienes lamentan que el trabajo del cuerpo colegiado llene páginas en la prensa por denuncias contra Naranjo y no por real trabajo por las necesidades de la ciudadanía.


Volviendo a la denuncia del conductor, este viernes la Unidad de Investigación “El Barómetro” de diario El Día reveló una carta que un funcionario del Gobierno Regional elevó el pasado 27 de abril a sus superiores y a la que tuvimos acceso de forma íntegra. En ella, el trabajador, que se encargaba del vehículo que traslada a Naranjo a quehaceres propios de su cargo, describió una serie de situaciones que faltan a la ley, los reglamentos y a “los valores institucionales”.


El afectado describe varios hechos registrados entre el 16 de febrero y el 13 de abril de 2022,  en que la gobernadora lo obligaba a trasladarla a actividades de índole personal con el vehículo fiscal. Entre estas, se encuentran trayectos al supermercado, a centros comerciales y a llevar a su hijo a la universidad y otros sitios.


“Me ordena que antes de pasar a dejarla al GORE lleve a su hijo al supermercado Líder de La Serena para pasar a buscar un computador que se había comprado (...) a mitad de camino me ordena que primero la lleve al GORE, ya que estaba atrasada para una reunión y después lleve a su hijo, lo espere y lo lleve a su casa”, detalla en uno de los puntos.


Otra situación alertada es que en varias oportunidades le pidió transitar a exceso de velocidad, aún cuando el trabajador le advertía que se trataba de una falta, que ponía en riesgo su vida y la de los demás.


“Le hice presente caballerosamente que no podía ir más rápido porque la Ley de Tránsito no lo permitía y que no iba a arriesgar mi vida, la de ella ni la de terceros, pero solo dijo que le hiciera caso a lo que ordenaba, durante el trayecto alcancé una velocidad de 120 km/h y los 160 km/h y aun así quería que fuera más rápido sin ver los riesgos que trae circular a esas velocidades”, describe.


Así también, en otra oportunidad, le habría ordenado “con un tono de voz fuerte y cortante” que saltara una señal de tránsito que prohibía tomar dirección a la derecha en un recorrido por el sector El Coipo de Monte Patria. Algo similar ocurrió también en Caimanes, donde le pidió adelantar camiones en línea doble continua en una vía de baja velocidad por el paso de vehículos de carga.


El afectado ahonda especialmente en el trato de la gobernadora regional, declarando sentirse “amenazado” en el desarrollo de sus funciones y “muchas veces avergonzado, porque para cuidar el trabajo debo decir que sí a la señorita gobernadora, de lo contrario, según ella no estoy a su disposición y no le sirvo”.


Sumado a esto, el trabajador indica que en una oportunidad debió suspender un día libre que tomó en compensación por horas extras trabajadas, porque Naranjo exigió sus servicios, pese a que el Gobierno Regional dispuso de otro conductor.


La noticia generó molestia al interior del Consejo Regional, aunque no sorpresa. Recordemos que este episodio y el generado tras el curioso saludo a Carabineros -ambos indagados por Contraloría- se suman a una seguidilla de polémicas que no solo se han tomado los medios, sino también las sesiones del cuerpo colegiado.


Un caso recordado es cuando la gobernadora pidió a la PDI cambiar a su escolta por ser mujer, así como la situación de acoso laboral y maltratos que han denunciado otras funcionarias. En este grupo se encuentra una periodista que tuvo que dejar su equipo por malas relaciones con Naranjo y a quien la gobernadora siguió evaluando pese a ya no ser su jefa directa.
La consejera regional Paola Cortés sostiene que la situación “es lamentable”.


“Hoy día son tantos los problemas que tiene la región y a los que hay que darles solución pronto, como es la sequía, y que estemos repitiendo esto, donde en una semana salen más de dos situaciones, dejan ver claramente que hay un mal funcionamiento dentro del Gobierno Regional y con su equipo más cercano”.


Para Cortés, la gobernadora no incurre en estas faltas por ignorancia. “Ella no es una mujer ignorante y en su equipo hay gente muy capaz y profesional. Esto se hace sabiendo que se está cometiendo un error y espero que la contraloría se haga cargo. Estas faltas no las podemos seguir aguantando (...) este tipo de cosas dejan muy mal parado al Gobierno Regional”, agregó.


El consejero Lombardo Toledo concuerda y sostiene que “nuestra misión y objetivo es solucionar los problemas pequeños, medianos y grandes de la comunidad a la cual representamos, pero estas situaciones hace tiempo que nos están distrayendo”.


“Estamos muy preocupados como cuerpo colegiado. Ya hemos conversado de otras situaciones y nos gustaría que esto terminara y comenzáramos a concentrarnos en los grandes problemas que tenemos (...) porque la gente está mirando al Gobierno Regional con malos ojos”, planteó.


Por su parte, el consejero Javier Vega pone el acento en el trato de la gobernadora. “Da mucho que pensar en este caso cómo se genera un trato al funcionario. Somos quienes estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, se acerca un 1 de mayo (Día del Trabajador) y siempre hemos planteado el cuidado a los derechos laborales. Esto genera un contenido de maltrato laboral, de mala utilización de recursos públicos y la ley 19.175 es clara, ya que nos da atribuciones de fiscalización que tenemos que hacer efectivas”, indicó.


Vega espera que el tema sea tratado en Comisión de Régimen Interno, agregando que le parece una situación “alarmante, que no podemos validar”, en cuanto al trato y a la probidad.

El maltrato es un tema que pusimos sobre la mesa (...) la situación de la Región de Coquimbo es una de las más alarmantes, por la cantidad de situaciones que se han registrado”

NAYADE AGUIRRE, Presidenta Federación de Trabajadores de Gobiernos Regionales


Más duro fue el consejero Cristian Rondanelli, quien junto con destacar “la valentía” del funcionario, alerta “una seguidilla de abusos de poder” en torno a Krist Naranjo.


“Llegó el momento en que no podemos seguir tolerando los abusos de poder de la gobernadora hacia diversas personas”, dijo el colegiado, que no descarta incluso perseguir una causal de destitución, como faltas graves a la probidad o abandono de deberes.


“Efectivamente, están las condiciones para plantear una situación de abandono de deberes y creo que hoy en día, más que nunca esto ya tenemos que verlo de manera seria. Son hechos que vienen ocurriendo desde hace meses, no solo ahora y lamentablemente la gobernadora ha ido demostrando que ella no está capacitada para estar en aquel cargo”, sostiene.


Rondanelli dice que a la tarde de ayer aún no había planteado el tema a sus colegas, pero considera que “ya no da para más. Es una situación que tarde o temprano iba a reventar y hoy día ella le puso la guinda a la torta”.


Consultada por este aspecto, la consejera Paola Cortés dice que “hay bastantes antecedentes que deben ser estudiados, si así lo consideran, habría que actuar, porque ya no se puede esperar (...) aquí ya venían sucediendo anormalidades, creo que hoy es importante que se tome una decisión, porque no podemos continuar con la persona que administra la región con este tipo de actitudes”.


Vega, por el contrario, plantea que lo correcto es dejar que la Contraloría investigue. Toledo, en tanto, dice “no lo he pensado por el momento”, pero señala que “pienso que es un tiempo de reflexión y de conversa con mis colegas consejeros y consejeras”.


Una opinión distinta tiene Marcelo Castagneto, quien prefiere “pecar de inocente y decir que la gobernadora no conoce los estatutos o la forma en como se debe comportar en este tipo de materias, como el uso de los autos fiscales”.


“Lo que mas me llama la atención es el trato que ha tenido ella con el conductor, eso creo que no corresponde. En todo caso, considero que esto tenemos que tocarlo en el Consejo, en la comisión de Régimen Interno”. A su juicio, plantear la destitución es “maximizar” el problema.


Lo concreto es que hoy Contraloría está en conocimiento de los hechos y ya pidió los antecedentes al Gobierno Regional, ahora este tiene un plazo de 10 días hábiles para remitirlos.


¿Qué viene después? La abogada María José Lira, magíster en Derecho Público, explica que una investigación de este tipo busca aclarar “la naturaleza de la denuncia del funcionario y la efectiva vulneración de normas respecto del uso de bienes públicos”. Esto, para determinar “primero la veracidad de los hechos, la participación funcionario y el grado de esta participación”.


Al tratarse de la máxima autoridad, que tiene potestad disciplinaria sobre sus funcionarios, “sobre ella no hay un jefe superior que le pueda aplicar una medida de este tipo”, indica. En razón de ello, podrían configurarse faltas graves a la probidad administrativas o notable abandono de deberes que deben ser estudiadas por la Contraloría.


“Si al término determina que efectivamente existe responsabilidad de la gobernadora, el contralor va a remitir el informe al Consejo Regional para los efectos de que estos determinen si quieren o no -y si tienen el quórum- para ir al Tribunal Electoral Regional”. Ese es el camino para una eventual destitución, sin embargo, se necesitaría el apoyo de un tercio de los colegiados.


En este caso, dice la abogada, el uso del vehículo fiscal para asuntos personales es una falta grave a la probidad administrativa.
Cabe señalar, que la gobernadora regional ha recibido el respaldo del Presidente Gabriel Boric pese a las críticas. Intentamos obtener una declaración del delegado presidencial Rubén Quezada, pero no fue posible ya que se encontraba con agenda topada por actividades en La Moneda.


Nayade Aguirre, presidenta nacional de la Federación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (y trabajadora del GORE Coquimbo) dice que la situación expresada por el conductor de Krist Naranjo es “lamentable” y “sin duda es acoso laboral”, que ha afectado sus derechos y ha puesto en riesgo su vida.


Aguirre se enteró de la denuncia por la prensa y lamenta que no se trata de un caso aislado. “En esta administración no mejora, sino que empeora las situaciones que se han vivido con otras administraciones”, dice.


La funcionaria se encontraba ayer en Puerto Montt, en el marco de reuniones con la directiva de la Asociación de Gobernadores, donde precisamente se tocó la problemática del ambiente laboral. “El maltrato y acoso laboral es un tema que pusimos en la mesa y tristemente puedo decir que la situación de la Región de Coquimbo es una de las más alarmantes, por la cantidad de situaciones que incluso en la prensa se han registrado”, advierte.


La dirigenta destaca que el chofer “tiene muy claros sus derechos”, algo que -afirma- no ocurre en la mayoría de los casos, donde muchas situaciones de este tipo se callan y se naturalizan.

El Gobierno Regional compartió una declaración pública confirmando el inicio de una investigación interna a raíz de las graves denuncias del funcionario. En el escrito señalan que desde que se recibió la carta, el 27 de abril, se tomó contacto con el afectado “para tener un conocimiento acabado de los hechos” y aclarar lo ocurrido. Asimismo, confirman que el trabajador seguirá en funciones, “acompañando a otros funcionarios en sus cometidos”.


“Estamos reuniendo los antecedentes para proveer a su esclarecimiento (...) manifestamos que este Gobierno Regional tiene un compromiso con los derechos, dignidad y el bienestar de todo trabajador y trabajadora”, concluyeron.


El Día contactó además a algunos parlamentarios de la zona para conocer sus impresiones, obteniendo respuesta del diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien indicó que “se tiene que investigar porque acá se está gastando plata de todos los chilenos en cosas que no corresponden (...) me parece que (Naranjo) sigue sin entender que ella cumple una labor como jefa del Gobierno Regional y no para sus intereses particulares”.