“En estado de máxima alarma”: animalistas cuestionan fuerte recorte a la Ley Cholito

Un duro e inesperado escenario enfrenta la comunidad animalista de la región y el país tras conocerse el drástico recorte cercano al 86% en los recursos asignados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), propuesto en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027. En términos concretos, la partida presupuestaria, pilar financiero de la emblemática Ley Cholito, se reduciría de 3.634 millones de pesos a tan solo $514 millones.

Además, la disminución golpea con especial fuerza al fondo concursable del programa, cuyos fondos caerán un 76,2%, pasando de 631 millones de pesos a un techo de apenas $150 millones.

En ese sentido, diversas organizaciones advierten que esta contracción afectará de forma directa a prestaciones clave como operativos masivos de esterilización, vacunación, implantación de microchips de identificación y atención veterinaria municipal.

En la Región de Coquimbo, en tanto, la comunidad animalista se ha declarado en estado de máxima alarma y se ha levantado un llamado urgente a los parlamentarios de la zona para que fijen una postura de rechazo firme cuando esta partida sea debatida en el Congreso.

Magdalena Ríos, activista regional, calificó la medida como una "situación inesperada, cruel y sin ninguna conciencia de lo que significa cortar estos recursos. Las municipalidades que tienen programas de esterilización, por ejemplo, que han dado excelentes resultados no podrán continuar con éstos”.

Ríos enfatizó que, gracias a las políticas aplicadas en los últimos años, se había logrado un importante control de la población canina callejera, pero advirtió que la falta de recursos provocará un desborde cuantitativo de animales en la vía pública con complejas consecuencias sociales y sanitarias.

Por su parte, la exconcejala de La Serena, Daniela Molina, manifestó a través de redes sociales que los efectos prácticos de estos recortes serán devastadores. “Se quedan sin presupuesto las esterilizaciones masivas, los operativos de chipeo, las vacunaciones municipales y el apoyo a los refugios y a las fundaciones que ya están brutalmente colapsadas haciéndose cargo de algo que le corresponde al Estado”. Además, recordó que cuando era diputado, en 2017 el ahora Presidente José Antonio Kast votó en contra de la Ley Cholito y hoy, "como gobierno, liquida los recursos”.

Desde el ejecutivo justificaron la reducción aludiendo a la falta de evaluaciones de impacto y a la ausencia de indicadores claros sobre los resultados del programa en su última década.

Esta situación además, se da en un contexto complejo marcado por el retiro del reglamento de actualización de la ley en abril de 2026 y por informes previos de la Contraloría General de la República, los cuales alertaron sobre millonarios recursos sin rendir en diversos municipios del país.