Contraloría abre investigación contra gobernadora por cobro de dinero a funcionarios

La Contraloría Regional de Coquimbo dio inicio a un proceso disciplinario contra la gobernadora, Krist Naranjo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en torno a la denuncia por presuntos cobros que la autoridad habría hecho a funcionarios del gobierno regional para financiar su campaña a la reelección.

Se trata de la arista administrativa del caso que, recordemos, también se indaga en la justicia a raíz de una denuncia de extorsión que se presentó ante la fiscalía.

Cabe hacer presente que se trata de hechos distintos al proceso que se lleva adelante por el mal uso de vehículo fiscal y faltas a la probidad cometidas por Naranjo y que derivó en una sanción de suspensión que ahora se encuentra en manos de la Corte Suprema.

Leer también: Denuncia de extorsión contra gobernadora: Exfuncionarios declaran por horas ante la Fiscalía

Los hechos

En la resolución de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo se consigna que se citó a declarar a 12 funcionarios del GORE, de los cuales, cuatro confirmaron los hechos denunciados, correspondientes a un trabajador en ejercicio y tres que ya no forman parte del servicio.

Del resto, cinco funcionarios activos negaron que lo denunciado haya ocurrido y otras tres personas, que ya no prestan servicios en la institución, afirmaron no haber realizado aportes.

Las cuatro declaraciones que dan cuenta de la irregularidad coinciden en que la gobernadora había condicionado la entrega de la asignación de funciones críticas a determinados funcionarios a cambio de aportes en dinero que iban destinados a una eventual campaña a la reelección. Además, habría supeditado la continuidad laboral a la entrega de recursos.

Leer también: "Intentan opacar un buen trabajo”: Krist Naranjo baja perfil a denuncia y la tilda de montaje

El hecho afectaría a los directivos de confianza del servicio y también a contratados a honorarios, a quienes se les exigía una suma mensual. Este dinero se entregaba generalmente en efectivo a la administradora regional, Karina Aguirre, quien sería la encargada de luego entregarlo, también en efectivo, a Krist Naranjo.

Junto con esto, se revela que uno de los funcionarios aportó con el registro de una transferencia bancaria que había realizado a la cuenta personal de Aguirre con la misma finalidad.

Los cobros habrían comenzado en 2023, solicitando el aporte de $500.000 a quienes percibían la asignación de funciones críticas, de $50.000 como mínimo en caso de no recibir tal asignación y el mismo monto a las personas contratadas a honorarios.

El informe consigna también que desde la fecha en que habrían comenzado los cobros, agosto de 2023 a marzo de 2024, nueve funcionarios del GORE percibieron la asignación de funciones críticas.

Medidas

En vista de que cuatro personas declararon confirmando los hechos, la Contraloría determinó instruir un procedimiento disciplinario a objeto de investigar los hechos, “por cuanto eventualmente se pudiera configurar una contravención al principio de probidad administrativa”.

Adicionalmente, se determinó remitir una copia de la resolución a la Fiscalía Local de La Serena y al abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado.

También se remitirá el documento a la Dirección Regional del Servicio Electoral, en vista de lo establecido en la ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.