Se avecina juicio del caso Ponce: Cronología del secuestro y homicidio que remeció a Paihuano

Tras más de un año de indagatorias, se desarrolló la audiencia de preparación de juicio oral por el crimen de Alejandro Ponce Rodríguez, joven residente de la comuna de Paihuano que a fines de 2022 fue retenido y brutalmente asesinado por un grupo de individuos.

La Fiscalía de Vicuña acusa a un total de 9 personas por su participación -en distintos grados- de los delitos de secuestro con homicidio e inhumación ilegal, por los hechos que impactaron a la Región de Coquimbo.

Ponce Rodríguez fue visto por última vez la noche del lunes 28 de noviembre de 2022, desatando con su desaparición una intensa búsqueda por parte de su familia, que entonces ya temía por su integridad.

Conforme avanzaron los días, se compartió un video del momento en que la víctima recibía una golpiza por parte de sus captores y más tarde, fue detenido uno de los involucrados, que confirmó haber dado muerte al paihuanino, aunque sin revelar por días su paradero final.

La PDI realizó investigaciones acuciosas, encontrando el cuerpo de Ponce enterrado en las cercanías de la ruta Antakari, en el sector rural de la comuna de Vicuña.

De acuerdo a los antecedentes recabados desde entonces por este medio, Alejandro Ponce fue contactado por una amiga, quien le pedía ayuda en presuntos problemas personales que se le habían presentado. Sin embargo, el joven se encontraba refugiado en su casa, debido a que había recibido amenazas por parte de un sujeto, expareja de su entonces novia.

La mujer insistió y logró convencerlo de encontrarse con él en un sitio eriazo, pero todo era una trampa y en ese lugar comenzó el camino que derivó en su muerte.

Un grupo de sujetos, en complicidad con la mencionada mujer, llegó al lugar y lo subió a un automóvil por la fuerza, siendo llevado hasta la casa de un hombre, quien fue descrito luego por autoridades de la comuna, como un “conocido delincuente” de Paihuano, vinculado al tráfico de drogas.

En la casa de este individuo, Alejandro fue brutalmente golpeado y su agresión fue grabada en video por sus mismos atacantes. Es el mismo registro que más tarde llegó al Ministerio Público y que sirvió como punto de partida para dilucidar el caso.

Producto de este hecho, Ponce Rodríguez terminó muerto y su cuerpo fue abandonado a 12 kilómetros del radio urbano de la comuna de Vicuña, donde fue encontrado, más tarde, semi enterrado.

En medio del desarrollo de estos hechos, fueron detenidas cinco personas, como autores y algunos cómplices de los delitos y las investigaciones de la policía llevaron al paradero del resto de los involucrados, que habían logrado huir.
En total, a la fecha hay 9 detenidos.

A través de un comunicado la Fiscalía de Vicuña informó sobre los detalles de la preparación de juicio oral, indicando que se presentaron una serie de pruebas, que pasaron el filtro del Juzgado de Garantía y, por tanto, serán parte del proceso.

El fiscal jefe de Vicuña, Juan González Tobar, está solicitando penas de presidio perpetuo calificado, otras de 20 años de cárcel y penas menores, de 7 años, para los imputados definidos como encubridores del crimen.

“Lo que debe ocurrir es que el Juzgado debe remitir los antecedentes al Tribunal, para que éste fije la fecha del juicio, en el cual iremos con nuestros medios de prueba”, agregó González Tobar.

Son cinco sujetos -identificados como J.S.M.O., A.C.N, A.M.Z., S.P.H. y W.I.R.- quienes enfrentarán el juicio acusados en calidad de autores por el delito de secuestro con homicidio.

Los otros cuatro -C.M.Ch., T.S.C., J.J.A. y G.A.M.- son imputados como encubridores del mismo delito.
Por otro lado, J.S.M.O., A.C.N., S.P.H., W.I.R. y G.A.M. enfrentan el cargo de inhumación ilegal y J.S.M.O. el delito de tráfico de drogas, ilícito comprobado en medio de las indagatorias.

En conversación con El Día, el abogado Carlo Silva, querellante en representación de la madre de la víctima, indicó que se presentó una acusación particular, independiente de la del Ministerio Público, “por cuanto estamos pidiendo ciertas circunstancias agravantes y mayores penas”.

En detalle, Silva espera que se considere el hecho de “prevalecerse en la ejecución del hecho de personas armadas y otras personas que les permitió a los autores asegurar su condición de impunidad”.
De esta forma, los querellantes esperan subir las penas de 7 años solicitadas por la Fiscalía a un grado superior, llegando a los 10 años y 1 día.

Cabe señalar que, paralelamente, se presentó una demanda civil en favor de las víctimas indirectas del hecho, para conseguir una indemnización por 10 millones de pesos.

De acuerdo a Silva, la madre de Alejandro Ponce enfrenta el proceso “hasta ahora conforme con las resoluciones que se han adoptado por parte del tribunal”, en el sentido de no otorgar libertad a los imputados que la han solicitado.

“Tiene todas las esperanzas de que en el futuro juicio oral podamos determinar la existencia del delito, la participación penal de todos y cada uno de los acusados y que finalmente, al resolver el proceso, el tribunal establezca las más duras penas para todos los autores y partícipes en el hecho”, señaló.