Interior detecta irregularidades en la compra y distribución de agua potable en el Choapa

La Subsecretaría del Interior detectó eventuales irregularidades o errores en los procesos realizados por la Delegación Presidencial de Choapa para la compra y distribución de agua potable, que se realizó entre los meses de octubre y diciembre de 2023 en las comunas de la provincia.

Por esta situación, el subsecretario Manuel Monsalve instruiría a la repartición la realización de una auditoría, a fin de esclarecer estos hechos.

La información está contenida en un documento, emitido con fecha 22 de enero de 2024 y filtrado recientemente. Sin embargo, de las averiguaciones realizadas por El Día, aún no habría sido enviado a la Delegación, desde donde indican no tener aún la resolución.

En específico, el escrito aborda dos solicitudes realizadas por la Delegación, para hacer uso de los recursos en el contexto de la declaratoria de escasez hídrica en la Región de Coquimbo. La primera, es por la suma de $381.844.516 para pagar  la adquisición de 36.900 metros cúbicos de agua y el servicio de distribución del recurso en 21 camiones aljibe en toda la provincia.

La segunda, es por $16.130.883 para pagar la compra de otros 650 metros cúbicos de agua potable y el servicio de distribución en un camión aljibe para la comuna de Illapel.

Todas, acciones ya ejecutadas mediante proveedores contratados para fines del año pasado.

En el documento, al que El Día tuvo acceso, el subsecretario recalcó que “todas las contrataciones de los servicios anteriormente referidos fueron efectuadas mediante trato directo” y, al ser revisados los antecedentes, se advirtieron una serie de situaciones que la autoridad espera indagar.

En detalle, se menciona la “falta de congruencia en algunos casos entre el proveedor cuya contratación se autorizó y aquel en cuyo favor se ordenó efectuar el pago”. 

También se indica que existió omisión de formalizar los contratos respectivos, como lo ordena el decreto del Ministerio de Hacienda que aprobó el reglamento de la Ley 19.886, que establece las Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, “siendo todos por montos superiores del equivalente de 100 UTM”.

Más adelante advierte la “contradicción entre resoluciones que afirman la inexistencia de unos contratos y otras que disponen su prórroga”. A esto se suma la “prórroga de contratos cuyo plazo de vigencia se encontraba extinguido”.

Asimismo, se menciona la aprobación extemporánea de contratos, “más de 4 meses después de la fecha en que aparecen suscritos y habiéndose extinguido el plazo de su vigencia”. Así como la “suscripción y aprobación extemporánea de anexos de prórroga de algunos contratos”.

En consideración de que los servicios ya se prestaron, como mencionamos anteriormente, entre los meses de octubre y diciembre de 2023, el subsecretario indica que, de acuerdo al dictamen 20.059 de 2015 de la Contraloría General de la República, se deberá realizar el pago de todas formas.

“La ejecución de las referidas prestaciones por parte de un proveedor lleva aparejado el pago del precio o los estipendios pertinentes, de manera que si este no se verifica, aún cuando el contrato o la licitación de que se trate hayan adolecido de irregularidades, se produciría un enriquecimiento sin causa”, señala el documento.

De tal manera, “dichos servicios deberán ser pagados”, agregan, mencionando que “resulta procedente requerir la realización de una auditoría y de los procedimientos disciplinarios pertinentes, a fin de determinar la existencia de irregularidades o errores en el referido proceso de contratación administrativa, sin perjuicio de la adopción de otras medidas que puedan resultar pertinentes, atendidas las características de la situación antes descrita”.

Consultada por El Día, la delegada presidencial de Choapa, Nataly Carvajal, se refirió a esta situación.

“Nosotros como Delegación Provincial tomamos conocimiento de la situación y en virtud de lo que establezcan los procedimientos administrativos, se determinará la naturaleza de las irregularidades y eventuales responsabilidades administrativas en relación a este caso”, indicó la representante provincial del Ejecutivo.