Corporación GGV confirma querella por pagos irregulares alertados por Contraloría

La Corporación Gabriel González Videla se refirió al caso que tiene a la entidad municipal en la mira de Contraloría, debido a una serie de irregularidades y falencias detectadas por la entidad tras una exhaustiva investigación a la contratación y pago de servicios del personal a honorarios del Departamento de Salud.

El informe, cabe recordar, consigna entre sus principales conclusiones que entre los años 2020 y 2021, la corporación pagó servicios a honorarios a 19 personas que no desempeñaron funciones ni prestaron servicios en los establecimientos de salud, derivando esto en el pago “improcedente” de un total de $761.042.862.

En su declaración la CGGV indicó que han participado “activamente” en la entrega de información, respondiendo a más de 40 requerimientos de la Contraloría Regional de Coquimbo, además de la realización de “investigaciones internas y sumarios administrativos” con anterioridad a la entrega del informe final, que han desencadenado en desvinculaciones de funcionarios, la aplicación de sanciones administrativas y la remisión de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Junto con ello, informaron que con fecha del 2 de enero de 2022, presentaron una querella “en contra de quienes resulten responsables por los delitos de fraude, estafa y otros engaños”. Acción judicial que afirman haber ampliado en tres oportunidades, siendo la última el 18 de diciembre de 2023.

Consultados por los avances de la querella, desde la institución indicaron que se encuentra en etapa de investigación por parte del Ministerio Público, proceso en el que se han despachado órdenes de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI), “con el objeto de empadronar y tomar declaración a testigos”.

Según informan, la Fiscalía ha solicitado información a la misma Corporación y a la Contraloría General de la República, y ha hecho el levantamiento patrimonial de los presuntos involucrados, a través de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
“Por su parte, la Corporación, además de cumplir con los requerimientos de la Fiscalía, ha acompañado a la carpeta de investigación todos los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y para perseguir la responsabilidad penal de los involucrados en la comisión de delitos”, agregaron.

Sumado a esto, sostienen que se presentó en la causa penal una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre una serie de vehículos pertenecientes a algunos investigados, con el fin de asegurar un mejor resultado en una posterior demanda civil por daños y perjuicios.

“La gravedad de los hechos narrados resulta evidente y genera un profundo rechazo por parte de nuestra institución. No es tolerable y es del todo condenable que funcionarios, ejerciendo un rol público y social, quisieran obtener beneficio personal, aprovechándose de la flexibilización en procesos internos que se dieron en medio de los momentos más duros de la alerta sanitaria por Covid-19”, declararon.

Dentro de las otras situaciones observadas por la Contraloría, se mencionan pagos sin respaldo, que ascienden en total a la suma de $38.783.619, que la Corporación deberá subsanar y, si procede, reintegrar.

Por otro lado, en cuanto a las obligaciones administrativas, se constató que entre los años 2020 y 2023, la Corporación no realizó las asambleas generales de socios, instancias en las que se presentan cada año los balances y memorias de la gestión. 

En sus respuestas antes del informe final, el organismo aludió la imposibilidad de realizar dichos encuentros por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, Contraloría evidenció que, independiente de aquello, no se realizaron dichos informes para remitirlos física o digitalmente, manteniendo sus observaciones.

Sobre este punto, la Corporación respondió a El Día que “no hay que perder de vista que los socios no son funcionarios públicos, sino personas particulares que fueron designadas el año 1981 (año de creación de la Corporación). O sea, estamos hablando de socios que fueron nombrados hace más de 40 años, varios de ellos incluso han fallecido, razón por la cual se explica que, a pesar de llamar a asamblea de socios, no exista convocatoria”.

Asimismo, indicaron que la dirección comenzó a trabajar durante el año 2023 para tener asambleas y que estas tengan efectiva representatividad. “Por tanto, para subsanar esta situación en el mediano plazo, se modificarán los estatutos de la Corporación Municipal”.

De todas formas -señalaron- “se llamará a asamblea de socios la última semana de marzo” y se pondrá en marcha una programación anual para que estas cuentas se rindan todos los últimos jueves de cada mes.

En su informe, la Contraloría también advirtió la millonaria deuda con el fisco por distintos conceptos que asciende a $2.334.963.575 y una deuda impaga por retención de impuestos declarados pero no pagados entre 2020 y 2021, equivalentes a $2.511.149.950.

Sobre esto, se señala que con fecha 24 de febrero, se suscribió un convenio con la Tesorería General de la República, sin embargo, no se adjuntó documentación. En su declaración, la corporación indicó que “los antecedentes serán entregados al organismo fiscalizador en los plazos estipulados”.

Finalmente, sostuvieron que “continuaremos fortaleciendo la modernización interna de nuestra Corporación, acogiendo y subsanando las observaciones planteadas por el ente fiscalizador que guardan relación a corregir las debilidades internas detectadas y avanzar en mejores estándares de control interno, transparencia y probidad”.