Déficit de fiscales en la región: hay más de 2 mil causas por persecutor

El déficit de fiscales en la zona y su impacto en la tramitación de las causas fue uno de los principales temas que el nuevo fiscal regional de Coquimbo, Francisco Cooper, abordó en su entrada al cargo, en entrevista con El Día.

Cabe señalar que, según las cifras del Ministerio Público, la región es la segunda con mayor aumento de casos (39%) y, actualmente, existe un promedio de más de 2 mil causas asignadas por fiscal. Sobrecarga que ya había analizado su antecesor, Adrián Vega, y que el nuevo líder de la Fiscalía Regional profundizó en la conversación con este medio.

“Vamos a ir hacia sistemas integrados regionales, donde hay un atraso importante en el movimiento de casos, justamente porque los equipos locales están sobrepasados, porque han aumentado los casos, teniendo la misma dotación”, afirmó.

Un escenario conocido hace años, pero que en el actual contexto de aumento de la delincuencia y del crimen organizado, se pone nuevamente sobre la mesa como una de las materias a mejorar en términos de seguridad.

Consultados, parlamentarios de la zona concuerdan en que es una preocupación y un desafío a abordar.

La diputada Nathalie Castillo coincidió en el punto de reforzar el Ministerio Público con más fiscales.

“No es nueva esta demanda, el sistema debe mejorar y disponer de los recursos necesarios para su funcionamiento, en especial para abordar la urgencia de seguridad pública, pero también en temas de género, derechos humanos y otras causas que son relevantes para avanzar en justicia”, dijo.

Asimismo, agregó que “entiendo que el Ejecutivo hace esfuerzo para la mejora continua, pero siempre es positivo consolidar un mecanismo de fortalecimiento al sistema de justicia”.

Para el diputado Víctor Pino, la situación actual “demuestra que no podemos quedarnos solo observando cómo la delincuencia se toma nuestras calles”, por lo que apunta a “dar un salto importante en la modernización de la Fiscalía Nacional, implementando un aumento progresivo y proporcional que represente realmente las necesidades de cada región”.

“Hoy vemos cómo, lamentablemente, estamos postergados con pocos fiscales en la Región de Coquimbo, que no dan abasto y esto permite que la criminalidad avance”, finalizó.

El diputado Marco Antonio Sulantay reconoció que “existe consenso” sobre la falta de efectivos en Fiscalía, así como en Carabineros, la PDI y Gendarmería. Asimismo la mejora en sus condiciones laborales.

“Su labor en el combate a la delincuencia muestra en general buenos resultados”, mencionó

Sin embargo, recalcó la “falencia” que, a su juicio, se presenta tanto en las fiscalías como en el Poder Judicial.

“Objetivamente se percibe un actuar garantista, que hace rato está agotando nuestra paciencia. Si bien se aprecia que esta visión garantista muchas veces responde a ideologías, es obvio que también podría deberse a colapsos laborales producto de la falta de fiscales. Y eso debe ser tomado en cuenta en cualquier análisis o reformas futuras que busquen solucionar el grave problema de la seguridad en nuestro país”, sostuvo.

De igual manera, el diputado Juan Manuel Fuenzalida fue crítico del trabajo del Ministerio Público, apuntando de igual modo a la optimización del trabajo.

“Desde hace rato hay un déficit en materia de fiscales, con una sobrecarga, pero también hay una falta de priorización por parte de algunos fiscales de causas que realmente hay que perseguir. Están más preocupados de perseguir aquellas que son de pública notoriedad, respecto de todas las que ocurren, sobre todo con este narcocultivo que hoy tenemos en Choapa y en Limarí, y que hoy está generando carteles importantes dentro de la región y, por lo tanto, también hay que priorizar las cosas y no seguir con estas causas que tienen mucha publicidad en los medios de comunicación, pero que dejan de lado las que realmente hoy día afectan a la ciudadanía”, señaló.

En noviembre de 2023 la Cámara de Diputados aprobó la partida presupuestaria del Ministerio Público para 2024, con un aumento del 4,5% en términos generales y un alza de 9 mil millones transferidos al programa Calles sin Violencia. Esto, con el fin de aumentar la dotación y realizar mejoras al trabajo de persecución.

En ese entonces, se expuso que la dotación de la institución es de 4.400 funcionarios. De ellos, el 18% son fiscales y el 82% directivos, profesionales y estamento técnico, administrativo y auxiliar, distribuidos en 137 fiscalías locales y 14 oficinas de atención.

A nivel país, existe una media de 500 mil causas por año, lo que implica que, en promedio, cada fiscal lleva alrededor de 1.900 causas (más de 2 mil en la Región de Coquimbo), pese a que estudios avalan que la carga por fiscal debe estar cerca de las 1.000 a 1.200.

Con mayores recursos, se anunció entonces según lo planteado por funcionarios del Ministerio Público, aumentar de 771 fiscales a 1.200.