Por caso "Papaya Gate": Apuntan a ex funcionario del GORE por nexo con inmobiliaria

Después de una detallada investigación periodística que desarrolló diario El Día en el caso conocido como “Papaya Gare”, surgieron diversas acusaciones y acciones legales que, a la larga le costarían el cargo a la entonces intendenta regional, Lucía Pinto y, posteriormente, provocarían la salida de sus colaboradores más cercanos, contra quienes, el día de ayer, la gobernadora regional, Krist Naranjo, presentó una querella por fraude al Fisco y negociación incompatible.

De hecho, en esta nueva acción legal se revela que uno de los sindicados en el caso de la compra de terrenos por 9.800 millones de pesos, José Cáceres, ex jefe de la División de Planificación y Desarrollo del GORE  - y, posteriormente, ex administrador regional - tendría participación en una de las empresas que, a su vez, era parte de las que vendieron los lotes de terrenos.

Sobre esto último, en el documento acusatorio se señala que “deduzco querella por el delito de negociación incompatible, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código Penal, respecto de don José Eduardo Cáceres Rojas, ya individualizado”, especificando más adelante que “entendiendo que las exigencia de un porcentaje mínimo de participación societaria sólo se establece respecto de las sociedades anónimas, sí tendría que ser entendido que la participación social del señor Cáceres en el dominio de predios objeto de la compraventa, a través de la sociedad Inversiones San Clemente Limitada”.

Según la acción judicial interpuesta por la gobernadora Krist Naranjo y el abogado Ignacio Montecino ante el Juzgado de Garantía de La Serena en contra de la ex intendenta regional Lucía Pinto Ramírez, el ex jefe de la División de Planificación y Desarrollo, José Cáceres Rojas, el ex jefe del Departamento Jurídico Eduardo Espinoza Rodríguez y el representante de las inmobiliarias vendedoras Pablo Bracchitta Krstulovic, por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible por la millonaria compra de seis terrenos efectuada en 2019. la acción judicial busca determinar responsabilidades penales por las graves irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de los predios ubicados en La Serena, que fueron comprados para la construcción del Centro Deportivo San Ramón por la suma de 9.800 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), pero que según la querella presentada, habrían sido sobrevalorados.

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el 25 de marzo de 2019 el gobierno regional recibió la solicitud de financiamiento por parte de la Municipalidad de La Serena para el diseño y compra de terrenos con el fin de levantar este centro deportivo. Si bien, el municipio aparece como el formulador, en una investigación administrativa de Contraloría comprobaría que el proyecto fue desarrollado por una funcionaria del GORE a petición de José Cáceres, quien además, habría conseguido y habría entregado tasaciones y una carta de intención de venta para unos terrenos ofrecidos por Pablo Bracchitta, también querellado ayer.

El 10 de junio se recomendó favorablemente el proyecto y al día siguiente Cáceres lo presentó al Consejo Regional logrando su priorización. El 9 de octubre se firmó la compraventa con un valor muy superior a las tasaciones encargadas por Bracchitta en enero de ese año, lo que motivó un reparo de la Contraloría Regional por sobreprecio.

Pese a esto, el 3 de julio de 2020 Pinto, Cáceres y Espinoza suscribieron un nuevo contrato de trato directo que eludió el control previo de la Contraloría Regional y que permitía el pago total a los vendedores. Esto se concretó con un valevista por 9.800  millones de pesos entregados a una notaria de La Serena donde fueron retirados personalmente por Bracchitta.

LOS ACUSADOS

La querella, como se señalaba al principio, acusa a Lucía Pinto, José  Cáceres y Eduardo Espinoza como autores de fraude al Fisco, pues , según la querella, provocaron una millonaria pérdida patrimonial al erario público.

A Bracchitta se le imputa participación. Además se acusa a Cáceres de negociación incompatible por intervenir en favor de las inmobiliarias que vendieron, infringiendo abiertamente la probidad administrativa.

Según la querella, la vinculación comercial de José Cáceres con las empresas vendedoras de los terrenos es aún más estrecha. El profesional, según la acción judicial, era socio de Inversiones San Clemente Limitada, la cual, a su vez, junto a Rentas Alto Peñuelas S.A. eran las únicas socias de Inversiones INSN SpA. Por su parte, Rentas Alto Peñuelas S.A. estaba conformada por las sociedades Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga Comercial SpA, Inmobiliaria Peñuelas SpA, Rentas e Inversiones Brac SpA, Inversiones San Manuel SpA e Inversiones Kad SpA. Todas  estas empresas socias, tenían diferentes porcentajes de participación en las sociedades Inmobiliaria Cerro Grande SpA, Inmobiliaria Guayacán SpA, Inmobiliaria La Herradura SpA e Inmobiliaria La Serena SpA, que fueron precisamente las empresas que le vendieron los 6 terrenos al GORE.

Asimismo, las inmobiliarias señaladas eran representadas por Lorenzo Iduya, Manuel Daire, Nicolás Bakulic y Karim  Daire que junto a José Cáceres, serían directores titulares de inversiones INSN Spa. Por ello, se configuraría la hipótesis de negociación incompatible que se le imputa por intervenir en una operación en la que tenía intereses a través de terceros relacionados.

LAS DILIGENCIAS

De esta forma, el libelo solicita realizar diligencias como oficiar por una reciente expropiación que tasó los terrenos a la mitad del sobrevalorizado precio pagado en 2019, lo que evidenciaría el perjuicio económico al Fisco.

Por otra parte, los funcionarios públicos imputados arriesgan penas de presidio y reclusión menor, multas e inhabilitación de cargos públicos.

Con esta acción el gobierno regional, que encabeza la gobernadora Krist Naranjo,  busca determinar eventuales responsabilidades penales por la controversial transacción.

LA AUTORIDAD

Al respecto, la gobernadora regional, Krist Naranjo, sostuvo que desde el día en que ingresó al gobierno regional, “hemos puesto muchísima atención a  este caso, ya que la malversación de fondos públicos ha sido considerable. Son más de 9.800 millones de pesos que todavía no se hace justicia ni tampoco se reintegran esos recursos, lo que nos parece un procedimiento muy grave, porque ha pasado el tiempo, han pasado los años y todavía no tenemos resultados. No tenemos el cierre de este procedimiento, por lo tanto, realizamos una evaluación de cómo se ha llevado todo este proceso por parte del Consejo de Defensa del Estado y le pedimos también antecedentes que hoy día todavía no nos llegan, por lo que es muy pertinente que estemos realizando esta querella”, precisó.

Cronología del caso “Papaya Gate”

• 28 de diciembre de 2018

El concejo comunal de La Serena aprueba unánimemente y sin costo, ceder los terrenos de la Cordep, con la participación de la ex intendenta regional, Lucía Pinto, y el ex administrador regional, José Cáceres.

• 4 y 5 de enero de 2019

Se realizan las tasaciones iniciales de los terrenos (Lotes 15, 16, 17, 79, 80, y G), con valores de $4.013.097.836 y $3.960.179.925, respectivamente.

• 18 de febrero de 2019

Paulina Tapia de la división de Planificación y Desarrollo del GORE envía los valores de tasaciones de los terrenos a Natalia Gonzalez de la Municipalidad de La Serena.

• 22 de marzo de 2019

La Municipalidad de La Serena solicita financiamiento al gobierno regional (GORE) para el proyecto del Centro Deportivo San Ramón.

• 25 de marzo de 2019

El GORE envía el proyecto a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social (seremi  MIDESO) para su evaluación.

• 27 de marzo de 2019

El municipio de La Serena ingresa formalmente el proyecto del Complejo Deportivo San Ramón a la seremi de Desarrollo Social para obtener una Recomendación Satisfactoria (RS).

• 2 de abril de 2019

Se declara la admisibilidad del proyecto, un paso crucial para su avance.

• 29 de mayo de 2019

Sergio Rojas, encargado de SECPLAC, presenta el proyecto del Complejo Deportivo San Ramón para la aprobación de los recursos de su mantención, informando sobre el terreno y sus costos.

• 10 de junio de 2019

La seremi de Desarrollo Social da una Recomendación Satisfactoria (RS) al proyecto.

• 10 de junio de 2019

El mismo día de la recomendación de MIDESO, la ex intendenta Lucia Pinto envía el proyecto al Consejo Regional para su análisis.

• 11 de junio de 2019

José Cáceres Rojas presenta el proyecto al Consejo Regional, donde obtiene priorización a pesar de las objeciones y cuestionamientos de algunos consejeros sobre el valor de los predios.

• 12 de julio de 2019

La municipalidad de La Serena deja de ser la unidad técnica del proyecto y el GORE asigna a su Departamento Jurídico para la compra del terreno.

• 9 de octubre de 2019

Se firma el primer contrato de compraventa de los terrenos por $9.800.000.000 entre el gobierno regional y el grupo inmobiliario.

• 6 de febrero de 2020

Se realizan nuevas tasaciones de los terrenos, considerando una futura modificación del plano regulador.

• 7 de mayo de 2020

El alcalde Roberto Jacob envía un oficio a la ex intendenta Lucia Pinto para consultar sobre el avance del proyecto.

• 19 de junio de 2020

La Contraloría Regional objeta por cuarta vez el contrato de compraventa entre las inmobiliarias y el gobierno regional.

• 25 de junio de 2020

El grupo de sociedades presenta una medida precautoria contra el GORE en los tribunales de La Serena.

• 3 de julio de 2020

Se rescinde el contrato de compraventa y se firma un segundo contrato en la segunda notaría de La Serena, con otras cláusulas para legalizarlo sin el control previo de la Contraloría.

• 28 de julio de 2020

Pablo Bracchitta, representante del grupo empresarial, acredita el cumplimiento de todas las obligaciones del nuevo contrato.

• 6 de agosto de 2020

El contralor regional, Hugo Segovia, solicita información sobre los contratos a la Segunda Notaría de La Serena.

• 31 de agosto de 2020

La Contraloría detecta irregularidades e inicia un nuevo sumario administrativo contra el GORE.

• 1 de septiembre de 2020

José Cáceres presenta su renuncia al cargo.

• 3 de septiembre de 2020

El fiscal nacional, Jorge Abbott, inicia una investigación por posible delito de fraude al fisco.

• 24 de septiembre de 2020

Radio Bío Bío revela el escándalo a nivel mediático, generando reacciones en la esfera política.

• 26 de septiembre de 2020

La entonces intendenta regional, Lucia Pinto, renuncia para centrarse en su defensa, alegando inocencia y buena fe en sus acciones.

• 21 de octubre de 2020

Diario El Día lanza la investigación periodística llamada “La historia no contada del ‘Papaya Gate’”.

• 3 de diciembre de 2020

La Cámara de Diputados de Chile crea una Comisión Especial Investigadora sobre los actos de la ex intendenta de la Región de Coquimbo en el proceso de adquisición de terrenos a empresas privadas.

• 23 de julio de 2021

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpone una querella criminal por fraude al fisco contra ex altos directivos del GORE de Coquimbo, en el marco del caso “Papaya Gate”.

• 3 de agosto de 2022

La Contraloría Regional, después de un año y 11 meses de investigación, resuelve destituir a la ex intendenta de Coquimbo por el caso “Papaya Gate”.

• 23 de mayo de 2023

El Servicio de Impuestos Internos interpone una querella contra los dueños y representantes de las inmobiliarias investigadas.

• 25 de julio de 2023

El SERVIU Región de Coquimbo ordena la expropiación parcial de los terrenos, fijando el valor del metro cuadrado en 3,05 y 2,85 UF respectivamente, aproximadamente la mitad del valor acordado en 2019.

• 27 de noviembre de 2023

El gobierno regional interpone una querella por fraude al Fisco contra los involucrados en el caso “Papaya Gate”.