Instituto de Derechos Humanos pide conocer estado de reos LGBTI en Huachalalume

La directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Tarcila Piña, ofició a Gendarmería regional con el objeto de interiorizarse sobre cuál es el estado real de dos personas que se encuentran detenidas en el recinto carcelario de Huachalalume y que se querellaron en contra de la alcaide y de otras dos profesionales de Gendarmería, acusando que no han respetado el mandato de los tribunales, acusando además, ser víctimas de apremios ilegitimos y discriminación.

De acuerdo a lo señalado por Tarcila Piña a diario El Día, “hemos oficiado a la Dirección Regional de Gendarmería a fin de verificar la actual situación de privación de libertad en que se encuentran estas dos personas, su estado de salud, como también respecto de todos y todas las habitantes del módulo 94 pertenecientes a esta comunidad LGBTI”, afirmó.

A su vez, confirmó que la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, está en conocimiento de la situación que aqueja a estas dos personas privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTI,  “entendiendo desde nuestra labor que se encuentran amparadas por nuestra legislación y por el estándar del derecho internacional de los derechos humanos, porque pertenecen a un grupo de especial protección”, dijo la directora del INDH.

Asimismo, subrayó que en las oficinas regionales del Instituto de Derechos Humanos  conocen las problemáticas que han afectado a la comunidad LGBTI del módulo 94 del complejo penitenciario. Entre ellas, “la falta de accesos a actividades y programas de reinserción social, la entrega de medicamentos, requerimientos de atención de salud, problemas de habitabilidad, entre otras”, indicó Tarcila Piña.

Hace algunos días el abogado que representa a las dos personas que están cumpliendo condena en el recinto penitenciario de La Serena, Rodolfo Bórquez, en entrevista con diario El Día, dio a conocer la situación que han debido enfrentar sus clientes en el último tiempo.

Según el profesional sus representados, un hombre y una mujer, en primera instancia interpusieron un recurso de amparo después que el pasado 5 de septiembre se realizara un procedimiento al interior de la cárcel con el objeto de intervenir el pabellón en donde está la comunidad de internos LGBTI, acusándolos de ser los líderes de ese espacio y, por ello,  Gendarmería buscaba desarticular el pabellón tal como estaba.

Según narró el abogado Bórquez, el 27 de septiembre se realizó una audiencia en el Tribunal de Garantía de La Serena, ocasión en que éste  ordenó a Gendarmería no mover del recinto penitenciario a los dos detenidos. Sin embargo, el día 20 de septiembre, Gendarmería, obviando la orden del tribunal, trasladó a estos dos reclusos a distintas partes del país. Al hombre lo remitieron a Arica y a la mujer, a Concepción.

Debido a este desacato, el tribunal ordenó que ambas personas fueran retornadas a la cárcel de Huachalalume, lo que ocurrió un mes y medio después.

“Ellos estuvieron un mes y medio ilegalmente afuera en condiciones infrahumanas, aislados, incomunicados, sin ropa, sin accesorios básicos y mínimos de aseo, sin contacto con la familia y finalmente son devueltos a fines de octubre por orden del tribunal. En base a esto es que estos internos decidieron tomar cartas en el asunto y por primera vez un grupo de personas LGBTI decide querellarse contra la jefa del recinto penitenciario, contra la abogada regional de Gendarmería y contra la directora del Departamento de Control Penitenciario, pues ellas tres, sabiendo que existía la orden del tribunal, decidieron contravenirla, no obedecerla y trasladaron ilegítimamente a estas dos personas a otras partes de Chile de manera irregular”, señaló a diario El Día el representante de los querellantes, abogado  Rodolfo Bórquez.

El profesional además aseguró que sus defendidos fueron víctimas de apremios ilegítimos cuando fueron trasladados de centro de detención y posteriormente, también.

Sobre la discriminación que acusó también, citó como ejemplo que uno de sus clientes cambió de sexo, tras lo cual, se le otorgó cédula de identidad como mujer. No obstante, en el recinto penitenciario insisten en tratarlo como hombre y lo nombran con su antiguo nombre de varón, lo que claramente sería un acto de discriminación y de hostigamiento, afirmó.