isidro solís, abogado de la gobernadora krist naranjo

Abogado de gobernadora sobre dura sanción de Contraloría: "Es una decisión errada"

El abogado defensor de la máxima autoridad regional afirmó que el criterio aplicado por el órgano contralor fue absolutamente desproporcionado, ante lo cual, interpondrán todos los recursos pertinentes, tanto en la propia Contraloría como en la Corte Suprema.
jueves 24 de agosto de 2023

Tras conocerse la dura sanción aplicada por la Contraloría a la gobernadora Krist Naranjo, a raíz de la investigación sumaria en su contra por mal uso de vehículo fiscal, en entrevista con El Día el abogado que defiende a la máxima autoridad regional, Isidro Solís,  afirmó que apelarán a todas las instancias respectivas, incluso a la Corte Suprema, si es pertinente.

Cabe recordar que el órgano contralor sancionó a la gobernadora con tres meses de suspensión de su cargo y una disminución del 50% de sueldo durante dicho periodo.

Para el abogado Solís sin embargo, esta fue una decisión errada.

-¿Cómo toman esta decisión de la Contraloría de suspender de su cargo por tres meses a la gobernadora Krist Naranjo?

“Nosotros consideramos que es una decisión errada que no dice relación con los antecedentes y pruebas que se rindieron en ese procedimiento, pero siendo una resolución de primera instancia, todavía tiene recursos que se pueden interponer y los vamos a interponer todos, tanto el recurso de reposición ante la propia Contraloría, como eventualmente el recurso de apelación ante la Corte Suprema”.

-Ustedes tienen hasta fin de mes para apelar. ¿Cuándo lo harán?

“Lo vamos a hacer dentro del plazo”.

-¿Y cuáles son los antecedentes nuevos que usted podría aportar?

“La verdad es que nosotros estamos absolutamente convencidos de que aquí lo que hay, es una mala valoración de las pruebas y, por lo tanto, para nosotros los antecedentes que nos dan la razón están exactamente dentro del expediente. La calificación que se hace de mala utilización de un bien público como es el automóvil, para nosotros es una calificación absolutamente antojadiza que no dice relación ni con la interpretación actual, ni con la realidad de lo que es el uso de ese tipo de bienes. Lo que nos llama la atención es que en un momento en que el país observa con bastante estupefacción todas las irregularidades que se han cometido en otras gobernaciones respecto de utilización de  fondos públicos que involucran miles y miles de millones de pesos. Acá lo que estamos discutiendo con tanto encono por parte de la Contraloría es, en la práctica, si hubo o no un funcionario que tiene asignado un vehículo fiscal que puede detenerse en el trayecto del trabajo a su casa a comprar en una farmacia, lo que claramente es un hecho absolutamente irrelevante y menor que tiene que ser valorado y ponderado por una autoridad más independiente”.

-Pero más allá de detenerse a comprar en una farmacia, la gobernadora mandaba a su hijo a la universidad, por ejemplo.

“Esas son todas cosas que vamos a tener que discutir ante un tribunal independiente en esta discusión, como es la Corte Suprema”.

-¿Cómo analiza usted que para este uso de un vehículo fiscal que se ha visto en municipios, gobernaciones y otras reparticiones públicas, se aplique una medida tan dura por parte de la Contraloría a la gobernadora?

“Nosotros lo que hemos dicho en general es que el criterio es absolutamente desproporcionado y se lo acabo de comparar con el tipo de irregularidades que se investigan en otras gobernaciones regionales. Usted tiene que tener presente que la Región de Coquimbo es una de las cuatro gobernaciones en el país que hasta el día de hoy no tienen absolutamente ninguna imputación encima por transferencia irregular de fondos públicos. Eso habla claramente de la forma en que se administra esta región respecto de lo que pasa en el resto del país. Por lo tanto, al lado de ese tipo de irregularidades discutir si el auto se usa, si puede detenerse en una esquina o si tiene que seguir de largo, la verdad es que son cosas que para nosotros distraen a los funcionarios de lo que son sus obligaciones centrales”.

-¿Usted cree que podría haber una motivación extrajudicial detrás de esto?

“Yo supongo que no y espero que no, pero la verdad es que lo que estamos discutiendo a estas alturas, en realidad, son criterios y todos sabemos que el criterio es una de las cosas más personales que existen en los seres humanos”.

-Supongo que como abogado considera que no existen méritos suficientes para sacar de su cargo a la gobernadora como están exigiendo los consejeros regionales.

“Así es, y eso lo estamos discutiendo en la justicia electoral. De hecho, se da uno de los elementos que  nosotros hemos discutido desde el principio. En el mismo requerimiento que los consejeros presentaron ante la justicia electoral de nuevo pretenden discutir también el asunto del uso del auto fiscal, siendo que, como se puede ver, era una materia que estaba reservada única y exclusivamente a la Contraloría. Por lo tanto,  para nosotros esto es parte de la permanente guerrilla política que se da en este tipo de instancias”.

-Cómo profesional, ¿cómo tomó la decisión del Tribunal Constitucional referente al requerimiento que hicieron?

“No la compartimos, pero la acatamos. La verdad es que siempre hemos tenido claro que en el uso de sus atribuciones los tribunales interpretan la ley como a ellos les parece. Ahora, estoy convencido que la interpretación que nosotros le dábamos a la ley es mucho más consistente con lo que es el funcionamiento del sistema, entre otras cosas, porque usted ve que si alguien pensó que en algún momento el requerimiento a un gobernador regional tan excepcional como se daba en la Región de Coquimbo no se iba a repetir. Ya, a propósito de los escándalos nacionales, se está empezando a hablar de la posibilidad de recurrir de remoción del gobernador de la Región del Biobío, del gobernador de la Araucanía en el país, los que van a ser afectados por exactamente el mismo problema procesal que nosotros denunciamos, que es el hecho de que están siendo o van a ser juzgados por un tribunal que carece de instancia que puedan garantizar un juicio justo”.

-¿Con qué bases recurriría eventualmente a la Corte Suprema para apelar?

“Apelar es un derecho que tenemos y lo vamos a ejercer porque no compartimos ni la valoración de las pruebas ni el criterio con el que se ha resuelto”.

-Pero además de no compartirlo debe tener un argumento.

“Yo creo que los hechos no dan cuenta de un ilícito que amerite esta sanción”

-¿Usted ha conversado en estas últimas horas con la gobernadora Krist Naranjo? ¿Qué ha podido decirle?

“Conversé con ella después de que se conoció la resolución. Le expliqué exactamente el alcance y el sentido de la resolución, y le expliqué cómo sigue el procedimiento”.

-¿Está muy preocupada ella por lo que ha sucedido?

“Ella está tranquila”.

-¿Y usted cómo está?

“Tranquilo”.