Convención en semana clave: Pleno comienza con la revisión de artículos

Hoy comienza un nuevo proceso dentro de la Convención Constitucional: la votación de los informes de las comisiones por parte del pleno del órgano redactor. Etapa que ha sido catalogada por diversos actores como la discusión medular sobre los temas que podrían quedar plasmados en la nueva Constitución.
Durante la jornada se espera que se discuta el informe de la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos del Control y Reforma Constitucional, que consta de 16 artículos. Mientras el miércoles, se prevé el análisis del informe de la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, que tiene 36 artículos.
Para el director de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte (UCN), Luis Moncayo, comienza la fase más difícil y la más compleja. Difícil, porque se empiezan a discutir los “temas de fondo” que van a ser contenidos en la propuesta de Constitución que va a ser sometida, después de julio, a plebiscito.
Y compleja, porque requiere de gran capacidad de entendimiento para los convencionales, “toda vez que hay distintos puntos de vista y se requiere 2/3 de los votos para que cualquier propuesta sea votada favorablemente e incorporada al futuro texto de constitución”, indicó.

La aprobación de propuestas

¿Cómo funcionará el proceso? Según explica el master of Laws de la Universidad de California, candidato a doctor en Derecho e la Universidad de Chile y profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional de la UCN, Gonzalo Cortés, “llegará un informe de cada comisión temática al pleno de la convención integrado por 154 convencionales en ejercicio. En esos informes vienen las propuestas de normas constitucionales que cada una de las siete comisiones ha ido desarrollando a lo largo del tiempo”. 
“En el pleno se presentará el informe y se discutirá en general. Si se aprueba en general, es decir, se aprueba la idea que contiene ese informe, se pasa a la discusión en particular, el cómo va a quedar expresada esa idea. Una vez finalizada esa discusión, esa norma que pasó la aprobación en general y en particular, se publicará en la página de la Convención Constitucional como norma aprobada del proyecto constitucional”, explicó.
Sin embargo, advierte Cortés, puede que la propuesta formulada por la comisión temática sea rechazada en la discusión general, al no lograr el quórum definido para ser aprobada. En ese caso, se devolverá a la comisión temática el informe para que allí se realicen ajustes y esa idea vuelva al pleno para reunir el quórum necesario. Si el pleno vuelve a rechazar esa propuesta, esa norma se entiende definitivamente rechazada y no se convertirá en parte del proyecto de nueva Constitución. 

Quorum 2/3 

Durante la mañana de ayer se reinstaló la discusión sobre la posibilidad de rebajar el quórum de 2/3, luego que se presentara un oficio firmado por 50 constituyentes. Sin embargo, la mesa de la Convención Constitucional decidió rechazar la modificación del quórum. 
Según explica Gonzalo Cortés, este quórum quedó fijado así en la Constitución actual. “La Constitución actual establece que tanto la aprobación del Reglamento de Votación de la Convención, como las normas constitucionales que incluyen en la propuesta, deben aprobarse por los 2/3. Ese quórum ya se ratificó a propósito del reglamento”.
Consultado el porqué de esta medida, explicó que esto se hizo para que “las normas que llegaran al proyecto de Constitución tuvieran el mayor consenso posible, es decir, que en torno a ello hubiese un amplio acuerdo”.
Para el director de Políticas Públicas de la UCN, esto es un elemento clave, “porque hay conciencia en los convencionales de que hay muy pocas propuestas que puedan obtener desde un comienzo el respaldo de los 2/3”
“Hemos asistido desde el mes de diciembre a febrero a una proliferación de propuestas constituyentes que son absolutamente cuestionadas por un número importante de convencionales y son observadas por el resto de la ciudadanía. Por eso va a ser complejo el proceso que se inicia los próximos días”, acota Moncayo.

¿Plebiscitar las medidas rechazadas?

En torno a las normas rechazadas, el profesor de derecho de la UCN, Gonzalo Cortés, advierte que hay una prevención que considerar: el reglamento de la Convención Constitucional estableció que aquellas normas que no alcancen lo 2/3, pero hayan logrado al menos una votación de 3/5, podrán ser sometidas a un plebiscito dirimente. Un proceso que contempla la participación de mayores de 16 años.
“Pero a pesar de que la Convención haya acordado eso, los plebiscitos son regulados por la Constitución actual y el reglamento de la convención no puede modificar la Constitución actual. Para poder implementar ese proceso de plebiscito dirimente se requiere que el Congreso Nacional actúe como constituyente derivado: El Congreso más el presidente de la República activen un proceso de reforma constitucional”. 
De esta forma, señala Cortés, “los plebiscitos dirimentes que están en la Convención todavía no existen formalmente en nuestra normativa, por eso, esa alternativa que plantea el reglamento, todavía es hipotética mientras el Congreso Nacional y el Presidente de la República no generen un proceso de reforma constitucional que admita esa posibilidad”. 

El Estado y Sistema Legislativo

En cuanto a las discusiones que vienen y que serán relevantes. Moncayo advierte dos temas: El Sistema Legislativo y el Carácter del Estado. Con ambas, señala, se verá cómo queda distribuido el poder.
El personero de la UCN señala que la propuesta de un sistema unicameral ha sido cuestionado, basado en la experiencia comparada debido a que este no garantiza la calidad de las leyes que emerjan de esta cámara. 
Explica que, como contraparte, ha surgido una propuesta de dos cámaras, una que sea proporcional al número de población por zonas y otra en que garantice igualdad de representación a todos los territorios, la que poco a poco se ha ido instalando.
La otra medida que considera será controvertida, es la aprobada por la Comisión de Forma de Estado que establece a Chile como Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.
Luis Moncayo señala que, si bien la medida tuvo amplia mayoría en la Comisión, eso no asegura que contará con el quórum requerido para ser aprobada. Según explica, es distinto un Estado Regional a uno unitario descentralizado. Para él, un Estado descentralizado busca el equilibrio entre la autonomía de los territorios, mientras que la segunda, pone en duda hasta qué punto podrá aplicarse la lógica nacional respecto al rol del Estado sobre seguridad nacional o relaciones internacionales, por ejemplo.
Para la convencional Jeniffer Mella, esta es una iniciativa que debe quedar dentro de la propuesta constitucional, “ha tenido un trabajo de audiencias públicas y difusión hacia las y los 154 convencionales”. 
Mella espera que la iniciativa se socialice a través del pleno. “Una propuesta innovadora, transformadora y profundamente responsable de un estado regional, que entrega autonomía a los territorios del país, ya no solo un centro de impulsión política, esperamos que convoque una gran atención pública y también interés por conocer la propuesta”, dijo.

Pluralismo Jurídico

En cuanto a la discusión que se inicia hoy en la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, uno de los temas que se prevé pueda generar opiniones encontradas es la idea de “Pluralismo Jurídico y sistemas propios indígenas”.
Luis Moncayo señala que compiten dos bienes detrás de esta propuesta: Que la Constitución contemple dos sistemas judiciales, uno para los connacionales que no pertenecen a sectores originarios, y otro que responda a la cultura y prácticas de ejercicio de justicia de distintos grupos originarios. “Ese es un bien, no se puede imponer a una cultura o grupo originario determinado un sistema judicial que no le haga sentido a esa cultura”. 
“Pero por otro lado, está el otro bien de la necesidad que la República de Chile contemple un solo sistema judicial para de esa manera garantizar la igualdad en la administración de justicia en relación a quienes cometen delito y las víctimas de esos delitos. De la misma forma, plantea, hay pueblos originarios con distinto nivel de desarrollo y hay quienes tienen administración de justicia y quienes no lo tienen”, agrega. 
En tanto, el convencional Roberto Vega, plantea que esto tendrá problemas prácticos. “Cuando contrates a una persona de nacionalidad indígena, ¿le vamos a aplicar la ley nacional o la que rige a sus costumbres? Lo mismo, y lo más grave, que a va a ocurrir respecto a un delito. ¿Si ocurre un delito se va a condenar respecto a la ley chilena o se va a condenar respecto a la ley indígena?. Esto es distinto a lo que rige actualmente, en los delitos cometidos entre indígenas, pero cuando afecta a los chilenos, qué va a ocurrir?”, cuestionó.
Finalmente, la convencional Ivanna Olivares, señala que aprobará la propuesta. “Contiene avances importantes para Chile, pues reconoce por primera vez los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, como parte del sistema jurídico del país, integrándolos de una forma armónica, y respetuosa con los derechos de todas las personas”, dijo.