Juicio por corrupción

Condenan a Cristina Fernández a 6 años de cárcel por corrupción

El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz, una trama de corrupción desarrollada entre 2003 y 2015, tuvo finalmente un veredicto este martes, donde se decidió que la vicepresidenta pase 6 años en prisión.
martes 06 de diciembre de 2022

Este martes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF) condenó a 6 años de cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, además de inhabilitarla de manera perpetua para ejercer cargos públicos en Argentina.

El tribunal dio el veredicto final en la causa conocida como Vialidad donde se acusa a la vicepresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta.

Por esto mismo, la titular del Senado prepara una dura respuesta, la que se espera que llegue por medio de sus redes sociales.

Para Cristina Fernández, se trató desde inicio a fin de una persecución que buscó el disciplinamiento de dirigentes donde incluyó a la justicia, los medios y la política.

Además de Fernández, cabe destacar que el mismo tribunal decidió las siguientes penas para el resto de los imputados en el caso:

  • José López, 6 años
  • Nelson Pieriotti, 6 años.
  • Mauricio Collareda, 4 años
  • Raúl Daruich, 3 años y 6 meses
  • Raúl Pavesi, 4 años y 6 meses
  • Juan Carlos Villafañe, 5 años
  • José Raúl Santibáñez, 4 años

Esta decisión se tomó tras considerar culpable a la vicepresidenta argentina de liderar una “asociación fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En el mismo plano se resolvió “no hacer lugar a los planteos de nulidad”, introducidos por la defensa, además de condenar a Lázaro Báez a 6 años de prisión por considerarlo participe necesario de “asociación fraudulenta”.

Pese a la sentencia, es poco probable que Cristina Fernández sea privada de libertad, al menos en el corto plazo.

Esto por dos razones: en primer lugar, porque su cargo de Vicepresidenta de la nación le proporciona fuero al menos hasta que deje el cargo a fines de 2023, dependiendo del resultado de las próximas elecciones trasandinas. Y en segundo lugar, la sentencia debe quedar a firme tras haber agotado los recursos de apelaciones, lo cual podría entrampar largamente el proceso, describe Infobae.