La historia de galería de arte en Coquimbo que terminó completamente demolida

Ayer, en el tramo final del paseo peatonal y mirador de La Herradura en Coquimbo, fue demolida una galería de arte que mantenía una particular y retirado un carro de food track que también tenía habilitado en el espacio.

La medida, según los representantes del municipio porteño obedeció a una orden judicial tras el fallo de la Corte Suprema - hasta donde escaló el caso - y que no se había materializado desde hace años, debido a una serie de requerimientos legales que se fueron interponiendo en el intertanto y que dilataron la resolución.

LA HISTORIA

Pero, ¿cuál es la cronología de este caso? La historia se remonta a la década pasada, cuando en sus primeros años se comenzó a instalar, al final de lo que es hoy el paseo peatonal y mirador de La Herradura, un grupo de personas que comenzaron, tímidamente, a realizar actividades de orden cultural. Como en la época no hubo objeción a esas actividades, excepto algunas pocas quejas de los vecinos que vivían cerca, los gestores fueron ganando un poco más de espacio, entre ellos, Paola Rojas, la única persona que quedaba en el lugar hasta ayer y que fue quien enfrentó la demolición.

Posteriormente, el año 2012 consiguieron el apoyo de los miembros del concejo municipal de la época para entregarles 65 metros cuadrados, lo que se materializó mediante un programa de CORFO.

Con el paso del tiempo, en el lugar ya se contaba con una construcción, e instalaron lo que se denominó “Galería de Arte Mirador”, la que según el fallo que hubo posteriormente por parte de los tribunales, no contaba con ningún tipo de autorización para funcionar en el recinto ni tampoco de permiso de construcción, que era lo que alegaba el municipio.

Sin embargo, en el lugar se seguían realizando actividades culturales y muestras artísticas, a cuyas inauguraciones, en distintas ocasiones, asistieron autoridades de turno de diversas áreas, con lo que, en la práctica, se legitimó la existencia del recinto.

Pero el reclamo de los vecinos, con el paso de los años, fue subiendo de tono y finalmente se iniciaron acciones para conocer en qué condiciones funcionaba allí esa dependencia, con el objetivo claro de que se retirara del lugar.

Fue entonces cuando, quien encabezaba las actividades culturales y el movimiento del lugar, Paola Rojas, comenzó a defenderse, iniciando diversas acciones, pero poco a poco, fue perdiendo las causas que presentaba en los tribunales de justicia, quienes consideraron que la instalación que realizó en el lugar estaba al margen de la norma.

En estas condiciones se llegó a la Corte Suprema, la que finalmente, en 2014, falló en contra y ordenó la demolición del recinto y desalojo.

LO QUE VIENE DESPUÉS DEL FALLO

Tras el fallo judicial de 2014 se realizó una serie de acciones que fueron ralentizando el cumplimiento de la orden y porque también las autoridades municipales de la época no insistieron en su materialización, transcurriendo algunos años.

En 2017, Paola Rojas, junto a otras personas, crearon la Corporación Cultural Costa Mirador Herradura - que ella preside - y el espacio continuó funcionando a pesar de haber una orden de demolición.

¿Por qué no se cumplió dicho mandato? Según Víctor Donoso, abogado de la dirección jurídica de la municipalidad de Coquimbo, y quien estuvo presente en la demolición, ocurrieron varias instancias de carácter jurisdiccional “y nosotros no podemos atribuirnos facultades que la ley no nos permite. En el intertanto de todo este procedimiento que data de 2014 se intentó por parte de la recurrente diversos artilugios de carácter jurídicos a objeto de poder entorpecer las labores de demolición”, argumentó.

PRIMERA DEMOLICIÓN

A casi una década desde que se emitiera la resolución judicial, el año pasado el municipio, bajo la administración de Ali Manouhcheri, consiguió demoler una parte del lugar, pero no pudo sacar el cierre perimetral que se había construido estratégicamente en el lugar y otras instalaciones. En la oportunidad, Paola Rojas, afirmó que el decreto de demolición duraba 5 años y ya había pasado una década sin concretarlo, por lo tanto, no correspondía.

En esa oportunidad también mencionó que la municipalidad no contaba con los argumentos necesarios para demoler, de lo contrario ya habrían ejecutado la sentencia.

Sobre las críticas de los vecinos sostuvo además que “sigo vendiendo lo mismo, la artesanía y cafetería, que el Fomento Productivo presentó ante el concejo municipal cuando se solicitó la concesión. La gente que dice que estoy dando un mal uso nunca ha venido al local”, se defendió, aunque no mencionó que la autorización otorgada el año 2012, posteriormente le fue quitada.

EL ÚLTIMO RECURSO

La última gestión que se realizó en los tribunales la presentó el 23 de marzo de 2023 el abogado Roberto Orosco, en representación de la Corporación Cultural Costa Mirador Herradura, que preside Paola Rojas, el cual, correspondía a un recurso de protección en contra del municipio, y argumentaba que el 24 de agosto de 2012 se le otorgó por parte del concejo municipal la concesión por 5 años. Pero esa concesión fue desconocida en marzo del año 2015 por el entonces alcalde Cristian Galleguillos.

En abril de ese año, Rojas interpuso un recurso de reclamación y éste fue rechazado, lo que llevó a exalcalde Galleguillos a intentar una fallida demolición.

Posteriormente, bajo la administración de Marcelo Pereira hubo una cierta calma, pero tras reclamos de la comunidad, el municipio volvió a la carga, pero sin resultados, al encontrarse con nuevos recursos.

Sin embargo, el 7 de junio del año pasado, los tribunales rechazaron el recurso interpuesto en marzo del mismo año por el abogado Roberto Orosco, y el municipio, finalmente, pudo hacer cumplir lo determinado por la Corte Suprema en 2014.

El final de la historia

De esta forma, con maquinaria pesada, la presencia de Carabineros y funcionarios municipales, ayer finalmente se demolió y se borró todo vestigio de las instalaciones que existieron por más de una década en el lugar.

En esta oportunidad, Paola Rojas trató de evitar la medida e insistió en que no correspondía dicha acción, pues se había reunido con el seremi de Bienes Nacionales, Marcelo Salazar, quien tenía en sus manos, aseguró, la carpeta correspondiente para tramitar la regularización del recinto, dichos que fueron desmentidos rápidamente por la autoridad, aunque reconoció haber recibido a Rojas.

“Respecto a la situación del Mirador de La Herradura, es importante destacar, primero, que la regularización de la pequeña propiedad raíz, que permite que las personas regularicen sólo aplica para las propiedades que son particulares o privadas. En este caso, no se ha ingresado ninguna solicitud de regularización en este sector. Debemos señalar que este espacio es un inmueble fiscal y bajo ese contexto, no puede ser regularizado a través del Decreto Ley N° 2.695”, señaló.

En tanto, el abogado de la dirección jurídica de la municipalidad de Coquimbo, Víctor Donoso, afirmó que cumplieron también con el mandato de la comunidad, la que ha hecho reiteradas denuncias sobre la ocupación que se ha hecho de un espacio que consideran, es de todos los vecinos.

“Atendidas esas circunstancias nuestra administración ha determinado por la vía jurisdiccional y administrativas pertinentes decretar la demolición respecto de este emplazamiento”, aseveró.

El abogado argumentó que ninguna persona puede construir, edificar o modificar sin las disposiciones administrativas requeridas por la Ley de Urbanismo y Construcción, lo que, en este caso, se había ignorado.

En este caso se instalaron en un lugar que no correspondía y posteriormente intentaron regularizar, “y como administración no estamos en condiciones y no vamos a tolerar que se produzcan regularizaciones amparadas en acciones ilegales como ha sido declarado por la Corte Suprema”, dijo Víctor Donoso.

Habitantes de La Herradura avalaron los dichos del profesional y señalaron que llevan años reclamando por lo que consideran una usurpación.

Es el caso de María del Carmen Obregón, quien se manifestó contenta con la medida, subrayando que la ley tenía que ser pareja para todos. “Si yo construyo algo tengo que tener los permisos, nada más que eso”, dijo, añadiendo que incluso recibió amenazas por las denuncias que ellos hicieron.