Presentan indicación para reemplazar la norma que regula "las aguas del minero"
En la última sesión de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, el diputado Jorge Insunza presentó indicación para reemplazar la norma que regula “las aguas del minero” y así según el parlamentario, resolver de mejor manera el derecho al agua y su condición de un bien nacional de uso público y, al mismo tiempo, resguardar a la pequeña minería.
“Presenté una indicación que solicita que exista un estudio respecto a la utilización del agua en faenas mineras y sobre esa base que se pueda aprobar o rechazar, pero cuidando y eximiendo a la pequeña minería. Por tanto, propongo que esta norma se aplique desde las 10.000 toneladas mensuales de extracción, afectando a faenas catalogadas de mediana minería hacia arriba, resguardando así a los pequeños mineros de estas nuevas trabas que pueden significar una limitación en su actividad”, explicó Insunza.
Según el parlamentario, esta medida establece una diferenciación entre las pequeña y gran minería porque establece que en el caso de las faenas mineras, cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a las 10.000 toneladas mensuales deberán solicitar una autorización para el uso a la Dirección General de Aguas, institución que tendrá la facultad de conceder, limitar o rechazar en base a un estudio. Además aseguró que “con esta medida se puede ir despejando un punto que es muy sensible e importante en el resguardo de los derechos de agua y en la reivindicación que hemos venido trabajando, que es que el agua sea considerada un bien de uso público”, enfatizó el parlamentario.
Ley de cierre
En cuanto a la razón que lo motivó a presentar esta indicación,Insunza explicó que “lo planteado anteriormente volvía a repetir el error de mezclar a la gran minería con la mediana y la pequeña, perjudicando a muchos pequeños mineros y pirquineros. Eso ya nos ocurrió con la Ley de Cierre de Faenas Mineras, que buscó regular a la gran minería, pero sin hacer diferencia alguna con la pequeña”.
Agregando que “esta situación derivó en que cientos de pequeños mineros no pudieron seguir su explotación, porque debían pagar 2 o hasta 4 millones a ingenieros por sus firmas para planes de cierre”. Por eso, el parlamentario solicitó a la comisión buscar una mejor redacción, que cuidara lo que realmente interesa proteger: que la gran minería informe las aguas que descubre, verificar si corresponden o no a un cauce subterráneo para no afectar esos acuíferos o cómo se relacionan esas aguas con toda la cuenca y, a partir de ello, que la DGA autorice o rechace su uso.
