Se intensifica debate por proyecto de ley que permitiría el control preventivo de identidad

La medida que busca implementar el control preventivo de identidad se ha convertido en una de las más polémicas en el marco de la denominada “agenda corta” antidelincuencia. Claro, el proyecto busca modificar el artículo 85 del Código Procesal Penal, que en la actualidad fija los límites y parámetros con los que se pueden llevar a cabo los controles, y que pretende ampliar las atribuciones que tiene Carabineros para llevarlos a cabo, para muchos, atentaría contra la libertad de las personas e incluso hay quienes señalan que su puesta en marcha implicaría el restablecimiento de la detención por sospecha, marco legal derogado en 1998. 

 

VISIONES CRÍTICAS. Desde donde se han manifestado más críticos en relación a esta medida ha sido desde la Defensoría Penal Pública. Para esta entidad, el proyecto de ley que se tramita en el congreso resulta “arbitrario y prejuicioso”. Así lo expresó el defensor regional Alejandro Viada. “Nosotros no estamos en contra de los controles, pero tienen que haber causales concretas como las que establece la ley actual, porque pasar a una detención como la que se está planteando ahora, bajo criterios que pueden resultar francamente arbitrarios por parte de las policías, no es positivo, sobre todo cuando hay estudios científicos que demuestran que en este tipo de sistemas siempre se ven afectadas las personas de grupos más vulnerables, y que finalmente son detenciones que no tienen ningún fundamento”, consignó Viada. 

El defensor es de los que cree que el proyecto trae de vuelta la detención por sospecha y está convencido de que quienes  lo propician está equivocadas. En este sentido, afirma que la sensación de inseguridad que existe en la ciudadanía influye en las decisiones que están tomando las autoridades. “A mí me parece que es asimilable a la que era la detención por sospecha, porque si te pones a pensar, no hay otra forma en que tú puedas determinar a qué persona le efectúas el control de identidad que no sea en base a criterios subjetivos (…) Lo que pasa es que aquí en el debate público se ha instalado la idea de que estamos ante una situación de delincuencia desbordada y esto lleva de pronto a las autoridades a tomar este tipo de decisiones, que en definitiva sólo llevan a la vulneración de los derechos”, precisó. 

 

ESTUDIANTES EN CONTRA. Quien también se manifestó contraria a la iniciativa fue la presidenta de la Feuls (Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena),Katherina Jara. “Las políticas antidelincuencia no pueden coartarnos los derechos que tenemos como ciudadanos”, enfatiza la dirigente estudiantil, quien agrega que, medidas como estas estarían más enfocadas en la represión que en la busca de soluciones. “Es lo que hemos visto últimamente, lo vemos en las manifestaciones sociales, cuando muchas veces el uso de la fuerza es la tónica, y los vemos en muchos ámbitos (…) Al final, esta ley, si se aprueba, se basará en los mismos prejuicios que pueda tener el Carabinero y no en cosas concretas. Yo te insisto, no es la solución”.

 

ALGO NECESARIO. Pese a los cuestionamientos, desde el ejecutivo apoyan la implementación de la medida que aún se discute en el parlamento y descartan de plano que pueda asemejarse a la detención por sospecha o que vulnere de alguna forma los derechos de las personas. Fue el propio ministro del Interior y Seguridad Pública quien la semana pasada, de paso en la región, enfatizó en aquello. “Lo que se está planteando es un control de identidad con fundamentos, todo lo contrario a lo que es la detención por sospecha, porque eso no es propio de un Estado de Derecho”, puntualizó Burgos. “La modificación que se le pretende hacer a la ley es para darle un tono más preventivo, y se efectuará cuando existan elementos previos como órdenes de aprehensiones pendientes y eso en determinadas circunstancias. De manera que queremos dejar en claro que el control estará vinculado a elementos fundados”.

Burgos, además insistió en que como Gobierno  harán las indicaciones que sean necesarias, para que, en caso de aprobarse, la normativa sea eficiente.  “Vamos a agregar indicaciones para que Carabineros deba rendir cuentas en lo que tiene que ver con el control de identidad preventivo, de las veces que los realizaron y de los reclamos que hubo en relación a aquello, vamos a tomar todas las medidas (…) Esto hay que discutirlo, pero en definitiva nosotros vamos a apoyarlo porque es algo que se necesita”. 

 

CONTROLES CON ARGUMENTOS. Desde el parlamento el diputado, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja, Matías Walker, explica que el proyecto se ha estudiado cuidadosamente y en ningún caso habría vulneración de derechos. “La idea en primer término es extender la facultad de Carabineros, a cuando existan elementos que les permitan inferir que hay órdenes de aprehensión pendientes, que es un problema muy serio porque hoy en día existen más de 60 mil y la idea es ir reduciendo esa cifra, poder actuar. Eso por un lado, además, lo que se está proponiendo es que las policías puedan hacer estos controles preventivos en todos los lugares y situaciones en donde pueda existir peligro de orden público, como por ejemplo, donde se producen aglomeraciones,  como en los aeropuertos, el metro terminales de buses, incluyendo las manifestaciones sociales, todo con una afán preventivo”, insistió.

Descartó que el proyecto fuese comparable a la detención por sospecha, ya que Carabineros sólo podría conducir a una persona a un cuartel policial si ésta no puede acreditar su identidad, con el objetivo de comprobarla. 

Consultado acerca de cuál será el criterio que ocupará Carabineros para evaluar a qué persona puede se le efectuará el control de identidad sin caer en la subjetividad, señaló que habrá una vigilancia permanente al accionar policial. “Habrá un control que hará la misma institución, para que Carabineros ejerza de manera adecuada esta facultad y que tenga resultados, se pedirá eficiencia y se desde luego se evitará que exista un carácter arbitrario. Nosotros sabemos que la mayor parte de la ciudadanía y así lo dicen las encuestas, está de acuerdo con este proyecto, porque la ciudadanía confía en Carabineros y los parlamentarios también confían en la institución”, concluyó.