Alumnos y apoderados molestos por reducción de espacios en el colegio San Martín de Porres

El 1 de marzo, cuando los más de 1.200 alumnos que posee el colegio San Martín de Porres ingresen a la jornada escolar deberán acostumbrarse a convivir en un espacio mucho más pequeño. Esto porque el recinto perdió más de la mitad de su terreno, quedando reducido a tan sólo 5 mil metros cuadrados.

Esta situación provocará la pérdida de salas, talleres, gimnasio, servicios higiénicos y estacionamientos. Para los apoderados lo más lamentable es la eliminación del taller de mecánica automotriz y las aulas de clases de electricidad con un galpón de más de 600 metros cuadrados, dependencias donde se educaban los alumnos de enseñanza media.
De ahí la preocupación de la comunidad estudiantil, quienes decidieron protestar en el frontis del colegio del sector de Las Compañías. 

La presidenta del centro general de padres, Rosa Villalobos, señala que “en una reunión muy escuetamente nos informaron que el colegio tendría algunas pequeñas modificaciones de espacio, pero que no serían significativas, pero resulta que ahora es casi la mitad del colegio”.
El terreno donde opera el colegio está compuesto por dos espacios físicos, uno que corresponde a la Inmobiliaria San José S.A. y otro a un particular, siendo este último quien decidió vender. De acuerdo a información entregada por los apoderados, la nueva propietaria del recinto estaría dispuesta a arrendar los terrenos a la sostenedora Minerva González. Sin embargo, ésta se habría negado a aceptar la propuesta. 

Según González, el colegio no estaría en condiciones de pagar más de 4 millones de pesos en arriendo. Por ello habría tomado la decisión de reacomodar al alumnado en nuevos espacios físicos que se estarían construyendo. 

“El problema pasa porque nos están cobrando una suma muy alta por el arriendo. Se supone que la nueva dueña se asoció con mi sobrino, por lo que el problema que tenemos es un asunto netamente societario y familiar. En cuanto a las ampliaciones poco a poco vamos a ir regularizando la situación, pero vamos a trabajar en los 5.800 metros”, señaló.

Ampliaciones sin autorización 

Las modificaciones que se estaban realizando no se ajustaban a las normas de construcción, por lo que la Dirección de Obras de la municipalidad de La Serena se vio en la obligación de multar a la entidad y suspender las faenas. 

Desde la casa edilicia explicaron que “la multa cursada al colegio fue por estar construyendo sin contar ni tramitar permiso de edificación de esas nuevas obras, de acuerdo al art. 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción”.

Junto con ello señalan que al momento de ingresar el proyecto, se les realizaron algunas observaciones relacionadas con “falta de EISTU ((Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano), problemas con el terreno, ya que no coincidía el señalado en el proyecto con el lugar donde se iba a efectuar la edificación y por último incumplimiento en los estacionamientos en cuanto a la normativa que los regula”.

No obstante, la sostenedora habría hecho caso omiso a la infracción y a la paralización de la obra, situación que habría obligado a tomar nuevas medidas a la municipalidad. Así lo demostraría un documento enviado el día martes 19 de enero al Segundo Juzgado de Policía Local. 

Ahí se señalaba que ante el incumplimiento “se le solicita a usted (juez) la aplicación del artículo 147 de la Ley General de Urbanismo y Construcción la que indica que el juez deberá fijar un último plazo para regularizar la infracción, vencido, el cual ordenará la clausura de la obra”. 

Ante ello la sostenedora reconoce que siguió construyendo sin el permiso de la municipalidad. Junto con ello relata que la fiscalización de la obra fue producto de una denuncia. “La señora Ingrid Moris, que es la representante legal de la inmobiliaria, se acercó al Departamento de Obras a autodenunciarse de que no estaban regularizadas algunas salas. Frente a esta situación se dio la orden de paralización, pero no acaté, porque sólo tenemos 60 días para construir porque debemos tener todo terminado al primero de marzo”, señaló.

Mirada ministerial

Los apoderados sostienen que en más de una oportunidad han recurrido a la Seremía de Educación a plantear los problemas que están suscitándose en el colegio San Martín de Porres. Sin embargo, nunca habrían recibido alguna respuesta concreta, situación que los tendría aún más afligidos “porque nos sentimos desamparados”, señalaron. 

Desde la Seremía de Educación señalaron que lamentaban lo ocurrido, pero que “el actual sistema educacional, fundado en el lucro”, permitiría estos hechos “pero afortunadamente se corregirá a futuro al entrar en vigencia la nueva normativa de la reforma educacional”, indicó Ana Vega, seremi (S).

Según la autoridad se ha escuchado a todas las partes involucradas y “esperamos que se llegue a un pronto acuerdo, puesto que para este Ministerio lo primordial es velar por el bien superior de los alumnos, en el sentido de que éstos reciban una educación digna y de calidad”.

Por último, indicó que han estado en contacto con la Dirección de Obras Municipales, “de cuyo pronunciamiento estaremos pendientes para tomar las medidas que corresponda y garantizar el derecho a la educación de los alumnos involucrados”.