Empresarios chilenos advierten sobre los "efectos indeseados" de una reforma de pensiones

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) llegó hasta el Palacio de La Moneda para sostener un encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet con el fin de abordar el tema
sábado 13 de agosto de 2016

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) manifestó ayer la disposición de la mayor organización empresarial de Chile a colaborar en el acuerdo nacional que busca el gobierno para mejorar las pensiones, pero advirtió sobre eventuales “efectos indeseados” de la iniciativa.  
“Son muchos los temas y muchas las variables. Esto tiene efectos microeconómicos, macroeconómicos y, por supuesto, que si las cosas no las hacemos bien vamos a tener efectos indeseados que nos preocupan”, dijo el presidente de la entidad, Alberto Salas, tras una reunión con la presidenta Michelle Bachelet. 

Mejores regulaciones

Esto después de que la mandataria anunciara el pasado martes el aumento en 5 puntos porcentuales, hasta el 15%, de la tasa de cotización de los trabajadores, con cargo al empleador y en un plazo máximo de 10 años.

La mandataria también anunció “mejores regulaciones” para la industria que administra actualmente los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones (AFP), además de la implementación de una AFP estatal. 

En el encuentro, en el que también participaron el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, Salas advirtió de la importancia de que las medidas no afecten el crecimiento económico del país austral. 

“El crecimiento genera más emprendimiento, mejor trabajo, mejores remuneraciones y ya por el solo hecho de tener mejores remuneraciones vamos a tener mejores pensiones”, señaló en declaraciones a los medios locales.

¿Cómo se administrará?

Sin embargo, uno de los cuestionamientos centrales apunta a quién y cómo va a administrar ese incremento, el que sería destinado para financiar el nuevo Pilar Colectivo Solidario.

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, planteó que éste tendría exclusivamente un fin “colectivo”, en desmedro de la cotización individual.
Durante la jornada, llegó también hasta La Moneda la presidenta del PRO, Patricia Morales, quien criticó que la reunión realizada el jueves  en Palacio considerara sólo a partidos con representación parlamentaria, como parte de este “acuerdo nacional”. Junto a ello, insistió en que la propuesta de su partido apunta hacia el fin de las AFP.

El debate sobre el sistema privado de pensiones ha irrumpido con fuerza en Chile después de que 750.000 personas salieran a las calles de todo el país a finales de julio para exigir el término de un sistema impuesto en 1981 por  el régimen de Augusto Pinochet.

Desde hace 25 años, los ciudadanos chilenos están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como administradoras de fondos de pensiones (AFP). 

Actualmente, el 90,75 % de los jubilados de Chile recibe pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (233 dólares), casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país suramericano, según un informe publicado por la Fundación Sol.

Esto representa entre un tercio y un 50 % de los ingresos que recibían los pensionistas durante su vida laboral.
El sistema fue inventado por los llamados Chicago Boys, unos economistas chilenos discípulos del estadounidense Milton Friedman, que, al amparo de la dictadura, impusieron el modelo neoliberal en Chile.