Alcalde Galleguillos llamó a proteger recursos de casino

“Estamos defendiendo lo que es patrimonio de todos los habitantes de Coquimbo y no los intereses de un privado”, con estas palabras el alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos, continúa su llamado junto a 6 ediles de otras ciudades del país que cuentan con casinos municipales, para manifestar el descontento y rechazo a la actual Ley de Casinos que les quitaría el derecho de explotar estos recintos a partir del 1 de enero de 2016.

Al respecto de lo mencionado, el edil porteño señaló que “a siete ciudades del país nos une un mismo fin; que los casinos de juegos propiedad de nuestras comunas sigan dependiendo de las municipalidades, para que, gracias al aporte que realizan por concepto de concesión, tengamos el financiamiento necesario para continuar invirtiendo en nuestra gente y en mejorar su calidad de vida”, afirmó Galleguillos.
El alcalde aclaró, además, que el año 2015 “ sí o sí se debe efectuar la licitación del casino, donde mediante un mecanismo transparente se adjudicará la concesión a aquella empresa que ofrezca una mejor propuesta que beneficie a Coquimbo y sus habitantes”.
Coquimbo recibe anualmente cerca de 5 mil millones de pesos derivados de las utilidades del casino, es decir, cerca de un 20% del presupuesto municipal, que se invierte en infraestructura, equipamiento, programas sociales, salud, educación y una serie de iniciativas sociales en beneficio de la comuna porteña.
Refiriéndose a lo anterior, el edil porteño sostuvo que “el sueldo de Coquimbo proviene de nuestro casino municipal, el progreso, crecimiento y desarrollo de nuestra comuna están en riesgo, como coquimbanos, que amamos nuestro puerto , no podemos permitir que nos arrebaten lo que es propio”.

PROPUESTA AL GOBIERNO. Para poder revertir la entrada en vigencia de la nueva Ley de Casinos, la Asociación de Municipalidades con Casinos de Juegos presentó al Gobierno una propuesta solicitando la prórroga por 15 años del derecho de explotación de las salas de juegos, la incorporación de un estatuto especial en la Ley de Casinos y que la licitación del permiso sea por oferta económica, en base a un pago anual garantizado para los 7 municipios.
De no obtener recepción a las medidas propuestas, Galleguillos dijo que “esta privatización significará que estos recursos vayan al bolsillo de los grandes grupos económicos del país”.