Pereira y exconcejales de Coquimbo deberán justifican gastos objetados por Contraloria

Hace unos días fueron notificados los integrantes del ex Concejo Municipal de Coquimbo, encabezados por el exalcalde Marcelo Pereira, del inicio de un “juicio” por parte del Tribunal de Cuentas de la Contraloría, debido a supuestas irregularidades administrativas y financieras que el organismo fiscalizador detectó en su informe de diciembre de 2021, que auditó la gestión financiera de la comuna durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2020.

En dicha auditoría se estableció que la casa edilicia no pudo acreditar el desembolso de la cantidad total nominal de $324.666.657, monto que, actualizado a la fecha de presentación del  reparo, asciende a $385.322.026.

Es por esto que se determinó como “cuentadantes”(demandados o quienes deben resarcir el daño patrimonial) al exalcalde, Marcelo Pereira; el exadministrador municipal, Patricio Reyes; el exasesor jurídico, Claudio García; el exdirector de Daem, Jaime Valenzuela; y los concejales Alejandro Campusano, Fernando Viveros, Rosetta Paris, Guido Hernández, Mario Burle, Hernán Cortés y Roxana Zambra.

Según el documento, la responsabilidad civil extracontractual que afecta a los aludidos “cuentadantes” y que deberían devolver los $385 millones, deriva de las conclusiones del Informe Final Nº 689, de 2021, referido a los movimientos de las cuentas corrientes bancarias asociadas al entonces Departamento de Educación Municipal, y un examen de cuentas a los ingresos y gastos efectuados por la Municipalidad de Coquimbo con cargo a dichos recursos.

Respecto a este juicio de cuentas, el exadministrador municipal, Patricio Reyes, sostiene que primero se debe clarificar que esto es un proceso administrativo y no un juicio penal.

“En la instancia se debe justificar que un determinado gasto, en este caso con el DAEM, se ajustaba a derecho. Esto no es un tema penal o que haya existido malversación de caudales. Un gasto debe estar refrendado por la ley, la Contraloría establece un reparo y uno tiene que aclararlo”, explicó a El Día.

Reyes agrega que todos los municipios y autoridades tienen este tipo de juicio de cuentas.

“No hay nada irregular o ilegal, no se debe buscar una arista política. Los anteriores alcaldes tuvieron un juicio de cuentas y lo más probable que el actual alcalde tenga. Estamos tranquilos, porque es algo netamente administrativo”, señaló Reyes.

El documento de Contraloría señala que el 1 de marzo de 2018, con la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, el Municipio de Coquimbo le traspasa el servicio educacional a dicho órgano público, dejando de ser el sostenedor de los establecimientos educacionales que administraba por medio del DAEM.

Sin embargo, en esta área se evidencian gastos asociados por $15.000.000, y $45.000.000, ambos dirigidos al proveedor Rogelio Carvajal Castillo y Compañía Limitada, por conceptos de una jornada de diálogo participativo y fortalecimiento organizacional para los asistentes de la educación y por pago del servicio de un seminario para docentes de la comuna de Coquimbo, Fondo Educación.

Cabe destacar que el caso del pago de los $45.000.000, fue aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N° 7 de la sesión Ordinaria N° 68, del 10 de octubre de 2018, correspondiente a la actividad de Participación Ciudadana a los profesores, en el marco de la celebración del día del profesor.

Por otra parte, por medio del decreto alcaldicio se aprueba la contratación de 30 personas bajo la modalidad a honorarios, para realizar tutorías, participar en actividades pedagógicas y realizar acompañamiento integral, por un monto mensual de $333.333 bruto, pagándose en el mes de septiembre de 2018 la suma de $9.666.657, esto aún cuando el Municipio de Coquimbo ya no era sostenedor de establecimientos educacionales, por lo que el gasto resultó del todo improcedente para la Contraloría.

Otro de los puntos cuestionados es que se comprobó el pago de $255.000.000 por concepto de avenimientos judiciales para no proseguir con un juicio iniciado por 51 exfuncionarios del Departamento de Educación, que fueron desvinculados entre febrero y marzo de 2018.

Según el documento de la Contraloría, el municipio y el concejo tenían conocimiento de que ya se habían pagado todas las prestaciones que la ley dispone a favor de los funcionarios, sin perjuicio de ello, decidieron cancelar a cada ex empleado $5.000.000 más, sobre la base de una supuesta “conveniencia” afirmada por el entonces asesor jurídico, Claudio García.

Respecto a esta situación, el actual seremi de Gobierno y exconcejal porteño, Fernando Viveros, quien hasta ayer no había sido notificado personalmente por la Contraloría, sostiene que efectivamente en el año 2018, cuando estaban en medio del proceso de desmunicipalización de la educación, un grupo de trabajadores quedaron fuera de la nueva dotación del Servicio Local Puerto Cordillera, personas que presentaron una demanda colectiva contra el municipio pidiendo una indemnización que era superior a los 600 millones de pesos.

“El asesor jurídico nos presentó en su informe la alta posibilidad de que perdiéramos este juicio, porque existía jurisprudencia respecto a otros municipios que ocurrieron situaciones similares”, indicó.

 Viveros recuerda que se llegó a este acuerdo con los trabajadores, que era casi un tercio del monto solicitado.

“Esto fue cuidando los recursos del municipio, pero también reconociendo el legítimo derecho de esos trabajadores de la educación a poder recibir también su indemnización”, explica.

 Para el actual concejal, Mario Burlé, este pago doble indicado por la Contraloría no es así y se va a clarificar en el tribunal.

“Es un juicio, y como en todos los juicios, los demandados se pueden defender y acreditar su inocencia. Nosotros como concejales votamos de acuerdo a lo que se nos entrega”, comenta. Dice estar tranquilo y asegura que todo está acreditado.

En ese sentido, el concejal Guido Hernández indicó que en aquella oportunidad “decidí aprobar este acuerdo extrajudicial, por cuanto el monto de la demanda inicial estaba muy por sobre lo que finalmente fue aprobado por el concejo”.

Hernández dice que la misma situación ha ocurrido durante la actual administración, donde están llevando a cabo un número importante de vinculaciones a las cuales se han llegado a acuerdos extrajudiciales.“Por lo mismo, es relevante que la Contraloría pueda determinar cuál es el criterio en este tipo de casos”, finalizó.

María José Lira, abogada y magister en Derecho Público, explica que la Contraloría dentro de sus funciones debe juzgar las cuentas públicas, esto significa que entre sus potestades está revisar cómo se gasta la plata pública y revisar la gestión de los funcionarios públicos o autoridades que tienen la facultad de decidir sobre el gasto de estos recursos.

“La Contraloría dentro de su estructura tiene el denominado juzgado de cuentas, que es un tribunal contencioso-administrativo que conoce estos juicios. Los demandantes en estos procesos son los Contralores Regionales o los jefes de unidad del organismo contralor. En términos del juicio de cuentas, la demanda se llama reparo y los “cuentadantes” son los demandados o los que deben resarcir el daño del patrimonio”, afirma.

Lira sostiene que es un proceso habitual en la administración pública y que el tribunal de cuentas tiene muchas causas que lleva a cabo cada año.