Piden $1 millón mensual por habitante en 3 localidades para destrabar conflicto con MLP

Continúa el conflicto entre Minera Los Pelambres y los habitantes de distintas localidades del Valle Alto del Choapa, tras el derrame de cobre tras la rotura de un ducto en Llimpo, ocurrida el 31 de mayo. Si bien la mesa de conversaciones lideradas por el delegado presidencial Rubén Quezada, fue fructífera, llegando a acuerdo entre la minera y las comunidades de Coirón, Punta Nueva y Jorquera; este sábado las cosas fueron completamente distintas y la mesa debió levantarse sin consenso.

Entre las comunidades que se encuentran movilizadas se cuenta a Tranquilla, Batuco y Cuncumén, que han mantenido constantes diferencias con la empresa minera, principalmente por temas ambientales.

A esto se suma la preocupación de los vecinos debido a que es en la primera de estas localidades, donde el concentraducto que traslada el cobre se encuentra más cercana a zonas pobladas, lo que genera temor de que pueda producirse un nuevo derrame.

Entre sus petitorios se encuentran ampliar la cobertura de agua potable en las localidades y mitigación e indemnización por la contaminación de los suelos, aire y agua, entre otros.

Si bien la compañía minera se comprometió a realizar inversiones y mejoras en temáticas de salud, alcantarillado, canchas deportivas, capacitación y fortalecer el empleo; la problemática final y que no permite el acuerdo es la indemnización solicitada por las comunidades. Esta correspondería, según lo indicado en la reunión de este sábado, a un millón de pesos mensuales por habitante, aduciendo al pago por daños medioambientales, que sería retroactivo, considerando un periodo de 20 años, lo que fue rechazado por la empresa.

Por su parte el delegado presidencial, Rubén Quezada quien acudió el 15 de junio a apoyar, junto a diversos seremis, las conversaciones lideradas por la delegada provincial Nataly Carvajal, señala que pudo constatar en terreno la situación y estar en contacto con las comunidades, conociendo sus demandas y también, la postura de la minera.

“Este es un conflicto que ha ocurrido en otras ocasiones, primero motivado por un accidente ambiental pero que puso sobre la mesa una serie de demandas latentes en el territorio hace mucho tiempo. Acudí también, ya que mi deber como delegado presidencial es que se respete la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y bienes”.

La autoridad añade que para resolver el conflicto y retornar a la normalidad se utilizó el diálogo favoreciendo el acercamiento entre los vecinos y MLP; el objetivo era resolverlo de una mejor manera y de forma permanente, “ya que hemos visto en el pasado que, cuando no existe diálogo, se afecta la seguridad de las personas, las policías, los bienes y el conflicto se prolonga, no se resuelve y permanece latente como lo vemos hoy. Al igual que una prolongación del conflicto afecta la productividad de la empresa y los bienes públicos y privados”.

Este lunes se espera continuar con las conversaciones en las que también ha intercedido el Municipio de Salamanca y que además lleguen hasta Cuncumén las diputadas comunistas Carolina Tello y Nathalie Castillo.  La primera ya estuvo en el sector apenas ocurrido el derrame el 31 de mayo y exige mayor intervención del Estado en una situación que se arrastra por años y que mantiene preocupados a los vecinos ante los efectos ambientales de la producción de la minera de Luksic.

“Los vecinos están preocupados porque indican que como no se ha hecho mantención al ducto, el derrame puede ocurrir en otros lugares de esta localidad y se podría producir una contaminación que preocupa mucho, no solo por la escasa agua que tienen en estos sectores, sino por el ecosistema. Es importante que el Estado se haga presente en estas localidades y se analice cuáles son las condiciones necesarias para mantener una calidad de vida acorde y digna a la necesidad que tenemos hoy en el lugar”.

Tello añade que desde el parlamento se ha solicitado oficiar a la ministra de Medio Ambiente María Heloisa Rojas, al presidente Gabriel Boric y a las instituciones fiscalizadores “para que estén pendientes permanentemente de cómo se cumplen los instrumentos técnicos aprobados que son con los que funciona la minera y tiene que haber un rol mas activo del Estado para que se respeten las normativas medioambientales”.

Es una posición más extrema se encuentra el diputado Juan Manuel Fuenzalida quien cree que desde un principio, cuando se inició la movilización se debió aplicar el estado de Derecho “independiente de las conversaciones que pudiesen existir entre la minera y las distintas localidades que presentaron sus demandas, que pueden ser muy legítimas”.

Según Fuenzalida, lo que sucede en el Choapa y la forma en que ha intervenido el gobierno local genera que “se institucionalice el tomar las carreteras sin que exista una consecuencia. Acá se ha generado un gran perjuicio no solo para la minera, sino que para todas aquellas personas que trabajan. Independiente que unos pueden tener demandas, otros tienen el derecho a trabajar y eso el Estado debe asegurarlo”.

Cabe recordar que desde este jueves, Minera Los Pelambres envió un comunicado a las empresas colaboradoras indicando la detención de la operación de la minera “por fuerza mayor”, debiendo bajar el personal que quedaba en faena, un número menor considerando que la gran mayoría de los trabajadores se han visto imposibilitados de subir a faena, debido a la toma de los caminos.

Por ahora, aún queda en la nebulosa cuando continuarán las conversaciones, pero sí es seguro que el corte de la ruta en el sector de Tranquilla continúa.