Sábado 18 de Junio de  2022
MIENTRAS CRITICAN TARDANZA DEL GOBIERNO EN AFRONTAR EL PROBLEMA

Conflicto en Los Pelambres: Minera llega a acuerdo con tres comunidades del Choapa

Con el delegado presidencial Rubén Quezada como mediador, durante la tarde de este viernes, las localidades de Coirón, Punta Nueva y Jorquera, llegaron a un acuerdo con la empresa minera, tras lo cual procedieron a despejar uno de los puntos de la ruta que tenían tomada desde hace dos semanas.

Escrito en REGIÓN el

Complejo ha sido el panorama de las últimas dos semanas en la comuna de Salamanca debido a los cortes de ruta que vecinos de diferentes localidades del territorio han mantenido desde inicios de mes.


Y es que la rotura del concentraducto que traslada el concentrado de cobre desde Minera Los Pelambres hasta el puerto de embarque en Los Vilos, registrada el 31 de mayo pasado, generó la protesta de decenas de vecinos de localidades aledañas que exigieron una respuesta a la empresa ante el daño generado.


Si bien, en principio, la empresa se ocupó de limpiar rápidamente el derrame, manteniendo un monitoreo constante de la zona afectada, y logró llegar a acuerdo con los vecinos de la localidad de Llimpo para bajar las manifestaciones, ello no ocurrió con el resto de localidades de la zona, manteniéndose y extendiéndose de esta manera, los cortes en la ruta que lleva a Los Pelambres.


Si bien, desde la delegación presidencial –organismo encargado de la coordinación de los servicios públicos y de la seguridad y orden público – se encomendó a las seremi de Trabajo y Minería trasladarse a la zona para intentar monitorear el conflicto y generar así, presencia del Estado en el lugar, los cortes de ruta se mantuvieron durante varios días debido a la negativa de los pobladores a bajar estas acciones mientras sus demandas no fueran escuchadas.


Así, se llegó a este jueves, cuando el delegado presidencial, Rubén Quezada, decidió viajar a Salamanca para dialogar directamente con los pobladores y representantes de la empresa y servir de puente para lograr un acuerdo entre ambas partes.


De esta forma, la autoridad, acompañada por un gabinete regional, fue recorriendo localidad tras localidad hasta que se lograra un acuerdo a los temas que dieron a origen a las manifestaciones y se bajaran así, los cortes.

SOLUCIONES EN TERRENO


Finalmente, tras dos días de recorrido, este viernes, salió humo blanco de las localidades movilizadas: Coirón, Punta Nueva y Jorquera, fueron las comunidades en que vecinos y la empresa pudieron llegar a acuerdos, quedando sólo la localidad de Tranquilla con movilizaciones activas.


Al final de la jornada, el delegado presidencial, Rubén Quezada, manifestó que desde el mismo día de la rotura del concentraducto “hemos estado presente junto a la comunidad. Nuestra delegada provincial estuvo en terreno con soluciones a los temas que dieron origen a esta protesta, y se logró establecer puente de diálogo en un conflicto originado por un privado”, afirmó.


En ese sentido, Quezada afirmó que se ha desplegado a los seremi por la provincia para fortalecer la presencia del Estado en la región, “y abordar el tema de fondo, para evitar que se siga repitiendo esta dinámica de conflictos en la provincia”. La autoridad recalcó que esta solución “la hemos buscado sin repetir los errores del pasado, utilizando el diálogo para resolver las dificultades. Así se logró el acuerdo entre la empresa y las comunidades de Coirón, Punta Nueva y Jorquera”, manifestó.


DEMORA


Pese a ello, la actuación del gobierno en este conflicto ha recibido algunas críticas de parte algunas voces que, desde los primeros días, han exigido el despeje inmediato de la ruta, recordando que es el delegado presidencial quien tiene todas las atribuciones legales para hacerlo.


Así lo señaló, al menos, Christian Madrid, presidente de la Federación N°1 de Empresas Colaboradoras de Minera Los Pelambres (empresas contratistas), quien aseguró que “la visión del gobierno no era llegar con Fuerzas Especiales para despejar el camino, pero entendemos que ellos tienen todas las atribuciones para ello. Acá esta parada una minera importante, que da trabajo a la región”.


Las críticas llegaron también desde sectores políticos, quienes además lamentaron la falta de anticipación ante una eventual extensión del conflicto, que por cierto, aún no se cierra del todo.


Al respecto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, señaló que lo relevante “es que acá se debe aplicar el estado de derecho y cuando se corta un camino el gobierno tiene que garantizar el estado de derecho. Eso no lo están haciendo, ni la delegada provincial, ni el delegado presidencial, ni el Ministerio del Interior. Eso ha generado un perjuicio porque no basta sólo con el diálogo. Esto es independiente de las demandas que puede haber. Aquí hay que aplicar la ley y vemos un gobierno que desapareció”, afirmó el legislador de la UDI.


A juicio del diputado Ricardo Cifuentes en tanto, faltó anticipación para poder haber proyectado que existía la posibilidad de que el conflicto se extendiese. “Hablé con la seremi de Minería, con el delegado presidencial, pero alguna autoridad estuvo subestimando este problema, diciendo ya iba a pasar rápido, que estaba controlado. Pero yo les dije que tenía experiencia en esto, y la historia muestra que no es tan así, que las comunidades se van encendiendo, los ánimos se van calentando, y, por tanto, las autoridades se tienen que hacer presentes de todas maneras”.


Por su parte, el senador Matías Walker, subrayó que la autoridad tiene la obligación de que la región funcione y que los caminos funcionen. Y así, como se hizo respecto de algunos camioneros descolgados que se tomaron la ruta 5 en El Panul, tiene que restablecerse el imperio del derecho y lograr que las distintas actividades productivas puedan funcionar, resguardando, obviamente, el medio ambiente y dándole certezas a las comunidades de que cuando hay daños al medio ambiente, la autoridad y la institucionalidad ambiental deben funcionar”.

DIÁLOGOS SIGUEN HOY


Al ser consultados por estas críticas, el delegado Rubén Quezada, señaló que no existe problema, si es que así se requiere, de poner en práctica el mandato de la ley.


“De la misma manera que lo hemos dicho y hecho en situaciones anteriores, cuando se agota el diálogo, no tenemos complejos con usar todas las herramientas que nos otorga el estado de derecho para hacer funcionar nuestra región”, manifestó Quezada.
Como sea, todos los esfuerzos están puestos en el diálogo que hoy se sostendrá en la localidad de Tranquilla, la última de las comunidades que aún sigue movilizada.