Desvinculaciones instalan nueva polémica en el GORE

¿Otra vez Krist Naranjo? Si, otra vez. Si en los días anteriores la figura de la autoridad se vio envuelta en polémica por la repentina subida en cuatro grados de la presidenta de la asociación de funcionarios del gobierno regional, abogada e integrante de su departamento jurídico, Beatriz Hidalgo, ahora la controversia dice relación con la no renovación de contrato de algunos trabajadores.

Desvinculación del organismo administrativo que hasta el cierre de esta edición afecta al menos a cuatro empleados, uno de los cuales es el encargado de protocolo, Orlando Castro.

Precisamente el despido, más allá de los eufemismos, de este funcionario con 15 años de trabajo al interior del consejo regional, causó un nuevo y al parecer, definitivo quiebre entre los colegiados y la gobernadora.

Los colegiados afirman que el despido del encargado de protocolo, Orlando Castro, que llevaba 15 años trabajando al interior del organismo, no debió haber pasado porque su desempeño ha sido bien evaluado. Por ello, señalan que Krist Naranjo no tiene argumentos técnicos, ni ningún tipo de calificación que acredite y de fundamentos cuantitativos o cualitativos, para la no renovación de su contrato.

Es así como a través de una declaración pública, la que fue leída en un punto de prensa por varios de los cores en el frontis del edificio del gobierno regional, dejan en claro su molestia con esta medida. Sobre todo, cuando teniendo semanas para comunicarlo, lo hizo a último momento.

“El funcionario Orlando Castro Akita lleva más de 15 años trabajando en el gobierno regional y ha sido bien evaluado, tanto por intendentes como intendentas. Es decir, en varias administraciones que por cierto, han tenido distinto signo político. Él mensualmente entrega un informe de sus labores y desempeño a su jefatura, lo que significa una evaluación permanente de su desempeño y solo hoy que presta funciones al consejo regional, la gobernadora decide despedirlo, sin consultar a quienes apoya con su trabajo día a día”, afirman.

De este modo, los consejeros regionales señalan su más absoluta indignación ante la no renovación contractual del empleado, lo que demuestra un ensañamiento que a la postre, perjudica las relaciones institucionales de la entidad.

“Ella (la gobernadora) no consulta a su jefatura directa, no conoce de cerca su desempeño ¿Cuál es la justificación de despedir a quien por años ha demostrado realizar bien su trabajo y tener experiencia en el servicio”, agregan.

Así, los colegiados manifiestan que la autoridad no tiene argumentos técnicos, ni ningún tipo de calificación que acredite y de fundamentos cuantitativos o cualitativos, para la desvinculación del trabajador. Además, sostienen que hay una extensa jurisprudencia en la Contraloría General de la República y en tribunales, que respalda que este despido es injustificado y por lo tanto, de hacerse justicia, será reintegrado.

“Los despidos injustificados hasta ahora al gobierno regional, le han significado pagar millones. Que se pagan con dinero de todas y todos los ciudadanos ¿Acaso no debería pagar de su patrimonio personal esas indemnizaciones quienes despiden sabiendo que hay jurisprudencia para reintegrarlos o indemnizar? Pediremos juicio de cuentas, para que los despidos que injustificamente hoy decide la goberandora no sean con pago de todos los chilenos y chilenas. Debe asumir el costo y responsabilidad de sus actos”, añaden.

Asimismo, complementan que “esperar el último día de plazo legal para notificar su desvinculación, es un acto de falta de empatía, incertidumbre y crueldad innecesaria para todo el personal ya que ante las diversas acciones de maltrato y acoso de ella (Naranjo) y su entorno directo, han hecho que este año todos los funcionarios se sientan vulnerables ante las decisiones infundadas de la jefa de servicio”.

En consecuencia, los cores exigen a la máxima autoridad regional que no continúe persiguiendo a sus funcionarios y responda por los dictámenes de contraloría en los que se le pidió que llevara a cabo sumarios administrativos por malas prácticas, acusaciones de falta a la probidad administrativa o posibles fraudes al FISCO.

“Nos comprometimos a avanzar en una planificación de mejoras laborales a todas y todos, sin embargo, eso se ha incumplido y usted sigue con la vieja mala práctica de otras administraciones de subir grados solo a quienes tienen cercanía, obediencia y dependencia de usted”, finalizan.

El consejero regional y presidente de su comisión de presupuestos, Javier Vega, afirmó que “el despido de Orlando Castro trunca las relaciones institucionales que tenemos en el consejo regional (…) hay jurisprudencia legal para manifestar que es muy probable que el gobierno regional tenga que hacerse cargo de indemnizarlo por todos sus años de servicio ¿Qué significa esto? Que actualmente hay un detrimento del gasto público y por ello, lo que estamos tratando de configurar es que la región determine un presupuesto público que sea asociado a solucionar problemas relacionados a todos los ámbitos”.

En tanto, su par en el órgano colegiado y presidenta de su comisión de salud y deportes, Ximena Ampuero, señaló que la decisión tardía de la autoridad acerca de notificar los términos de contrato, evidencia su falta de conocimiento administrativo.

“Cuando se es jefa de algo, tiene que saber qué hacen sus trabajadores primero que todo y en ese sentido, ella no sabe lo que efectúan. Con el tema específico de Orlando, una persona que lleva 15 años trabajando en el consejo regional, tiene su jefatura directa a la que se debería preguntar por su desempeño, pero no fue así (…) este es un juego de ‘yo tengo más poder y tu menos”, dijo.

Por último, Cristian Rondanelli manifestó que “Orlando Castro es una persona de gran voluntad, al que nosotros le solicitamos funciones el día y a la hora que sea. Siempre va a estar disponible para trabajar. De allí que quienes pueden evaluar su trabajo no solo es el actual consejo regional, sino que tal vez, tres o cuatro instancias hacia atrás”.