fiscal llegó el miércoles a la zona para recabar antecedentes

Inician sumario administrativo en el Slep Puerto Cordillera y directora arriesga salida

Desde el Ministerio de Educación se nombró un fiscal para que lleve adelante la investigación y que determine si las acusaciones que se han hecho en su contra tienen asidero y amerita sanciones e incluso su remoción.
domingo 13 de noviembre de 2022

El Ministerio de Educación inició una investigación sumaria al Servicio Local de Educación Pública, Slep, Puerto Cordillera, luego que una serie de denuncias realizadas desde el Colegio de Profesores y organizaciones de funcionarios en contra de la dirección de esta entidad.


La situación fue confirmada a diario El Día por la seremi de Educación, Cecilia Ramírez, quien si bien no entregó mayores antecedentes y se limitó a sostener que se puso en marcha una investigación sumaria confidencial, “que está en manos de un fiscal, por asuntos de derechos administrativos no puedo dar más antecedentes al respecto, pero se está investigando”, precisó tras ser consultada al respecto.


Desde el gremio de funcionarios del Slep Puerto Cordillera, sí dieron mayores antecedentes tras ser contactados y la presidenta de la Asociación de Funcionarios, María Fernanda Valencia, dijo que la información oficial que recibieron es que luego de las denuncias que ellos y otros gremios han efectuado en contra de la gestión de Ana Victoria Ahumada, directora ejecutiva del Slep, se les señaló que tras dos meses de auditoría, el ministerio decidió dar curso a un sumario.


“Se nos informó, que después de dos meses de averiguaciones e indagaciones por parte del equipo de auditoras que vino de Santiago, el resultado es que se somete a un sumario administrativo especial para los jefes de alta dirección pública, como lo es la jefa del Servicio Puerto Cordillera, quien quedó sometida a un sumario, más no suspendida de sus funciones, porque toda persona tiene derecho a un justo procedimiento”, señaló la dirigenta.


El sumario, que se inició esta semana, significó que el miércoles llegara a la zona el fiscal que debe investigar las denuncias por parte de los funcionarios y también del Colegio de Profesores, y que dicen relación con temas como el Bono de Incentivo al Retiro, las calificaciones de los funcionarios, los traspasos y las carpetas de los trabajadores, además de otra serie de hechos en relación con la carrera funcionaria que se han visto afectados por la gestión de Ana Victoria Ahumada.


Según los antecedentes entregados por el gremio de funcionarios del Slep, el fiscal es un abogado que llegó a mitad de semana desde Santiago para hacer las indagatorias. 


“Se constituyó en terreno en la región el miércoles para hacer las indagaciones, notificar a los afectados y en esa etapa estamos, es decir, en una etapa muy inicial de investigación de una posible responsabilidad administrativa por parte de la directora ejecutiva, por las falencias detectadas en la auditoría ministerial ejecutada por parte de autoridades externas, que logran realizar una serie de hallazgos que tienen que ver con la gestión administrativa y dan paso al sumario”, afirmó María Fernanda Valencia.


En el gremio de los funcionarios añaden que la gestión administrativa ha sido bastante deficiente, situación que se ha mantenido durante los tres años en que la directora ejecutiva ha permanecido en el cargo, lo que se ha ido agravando.


Consultada María Fernanda Valencia, qué esperan de los resultados del sumario administrativo, dijo que debían ser acorde a los resultados de la investigación.


“Las medidas tienen que ser las que arroje el resultado de la investigación, si el fiscal estima que corresponden sanciones, nosotros no podríamos más que estar de acuerdo, porque se hace un trabajo previo de indagación por una persona imparcial. Por ende, creemos que esa imparcialidad va a llevar a un resultado que puede favorecer o no a la directora ejecutiva, pero para nosotros lo importante es que si el fiscal determina responsabilidad, que esta se haga efectiva y se pueda aplicar la remoción”, sostuvo María Fernanda Valencia.


Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores de Coquimbo, Tomás Alvarado, indicó que ellos durante todo este tiempo han hecho un trabajo meticuloso y serio recogiendo antecedentes, denuncias, demandas que han hecho e incluso presentaciones a la Contraloría y a los tribunales del trabajo, por la mala administración y atropellos que se han venido sosteniendo desde la administración de Puerto Cordillera.


“Ha habido problemas de carácter laborales, como son ciertos agobios, algunos atropellos a los derechos de los trabajadores y a los docentes en todo orden de cosas. Incluso, cada uno de los gremios, como asistentes de la educación, funcionarios del Servicio Local de Educación, aportaron con serios y formales antecedentes. Aquí no fue una cosa al azar, fue un proceso de mucho tiempo”, indicó Alvarado.


De acuerdo a los antecedentes aportados por el dirigente del Colegio de Profesores, las denuncias no son por una situación que apareció ahora, sino que surgen desde el momento que se comenzó a manejar el Slep Puerto Cordillera por la actual administración.


Añadió que había una necesaria obligación de parte del Ministerio de Educación, como ente regulador, de estar preocupado de darle dignidad a los profesores y lograr que haya buenos aprendizajes y con buenos tratos. 


Finalmente, el dirigente dijo que “consideramos que era necesario que el ministerio tomara algunas medidas”.