Por transacción extrajudicial: Exconcejales apuntan a equipo de confianza de Pereira

Gran revuelo causó la información dada a conocer por diario El Día en la edición de ayer, donde se consignó un informe de la Contraloría develando graves faltas al contrato de construcción del nuevo edificio consistorial de Coquimbo, en el que recordemos la Municipalidad interviene como unidad técnica y el Gobierno Regional como mandante.

Cabe recordar que en septiembre de 2018, el Concejo Comunal porteño aprobó en forma unánime, mediante dos acuerdos extrajudiciales, un avenimiento que permitía continuar con las obras del nuevo edificio consistorial de Coquimbo, que hasta ese momento se encontraban detenidas.

En ese contexto, en connivencia entre el alcalde de entonces, Marcelo Pereira y el órgano colegiado, la casa edilicia suscribió una transacción con la empresa Sacyr por un total de $2.975.000.000.  Lo cierto es que esta situación buscaba “precaver un eventual litigio entre las partes, relacionado con un aumento en el valor de la ejecución del proyecto y perjuicios económicos informados por la empresa” y de acuerdo a lo señalado en ese entonces por el ex Secplan, Claudio Telias, esto se basaba en “temas netamente técnicos”.

Sin embargo, los resultados de la auditoría revelaron que el municipio autorizó trabajos extraordinarios no justificados, excediendo sus facultades. Motivo por el cual la Contraloría remitió los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Diario El Día se contactó con algunos de los concejales que participaron de la votación de dicha moción, para saber si existe algún tipo de autocrítica ante una decisión que ha tenido graves consecuencias.

“Decidimos con antecedentes en mano”

Quien era concejal en la administración de Marcelo Pereira y fue reelegido, Mario Burlé, en conversación con El Día, aseguró que “en este caso, la Contraloría cumplió y puso sobre la mesa estos y otros antecedentes, lo que es su obligación. A nosotros como autoridades sólo nos queda colaborar en toda la investigación”.

Consultado por una eventual autocrítica en la decisión inicial tomada por el Concejo Municipal en esa época, sostuvo que “uno tiene que decidir con los elementos que tiene a disposición en el momento, y éstos hacían plausibles que se llegara a avenimiento. Después esto fue tomando otros rumbos y eso ya no es responsabilidad nuestra, porque hay otras autoridades que resolvieron decisiones al interior del Municipio”.

Sobre los cuestionamientos, Burle aseguró que “después de la batalla todos somos generales, pero la crítica no está en el avenimiento, sino en la autorización de trabajos no justificados, y ahí no tenemos nada que ver los concejales”.

La exconcejala, Roxana Zambra, subrayó a nuestro medio que “el único propósito fue levantar ese “elefante blanco” que llevaba años paralizado en sus obras de infraestructura, sin una política clara. Recordemos que estaba abandonado y  afectado por el tsunami del 2015, una obra que iba en beneficio directo de todos los vecinos de Coquimbo no podía quedar paralizada”.

En relación a las irregularidades detectadas por Contraloría,  Zambra  las consideró como “inaceptables, pero en Chile existe un estado de derecho, el cual espero pueda llegar a la verdad, caiga quien caiga. Sobre todo aquellos que no entienden que esto es servicio público y no servirse”.En esa línea, Zambra insistió que “las  autoridades y las instituciones pertinentes deben llegar al final, porque esto no puede aceptarse cuando nuestra comuna vive situaciones de emergencia social”.

Dardos a la empresa

El exconcejal Fernando Viveros, sostuvo que “desde que el exalcalde Pereira intentó revitalizar la construcción del nuevo edificio consistorial, en forma insistente solicitamos que se transparentaran las formas de pago e insistimos en que esta licitación no debía tener transformaciones”, más allá de que consideró importante que esta obra llegara a buen término “de manera transparente y ordenada”.

Viveros también apuntó a las responsabilidades de la empresa Sacyr. “Siempre me pareció que tenían más abogados que ingenieros y que era una empresa que buscaba en forma constante la ampliación de los contratos. El alcalde llegó a un convenio con esta empresa y creo que mucha responsabilidad está en manos de los componentes técnicos y el equipo de confianza del alcalde (Pereira)”.

Quien también formó parte del Concejo Comunal y que fue reelegido para este nuevo período es Guido Hernández, que en diálogo con este medio de comunicación indicó que “el acuerdo extrajudicial buscaba destrabar la paralización de la construcción del edificio consistorial de Coquimbo. En esa oportunidad, yo fui enfático en plantear mi desconfianza por la forma en que venía operando esta empresa, que establecía estrategias jurídicas agresivas que les permitían ampliar los valores de las obras. La paralización fue una estrategia más y el Municipio,actualmente, debe establecer una estrategia más agresiva contra esta empresa”.

Querella

Desde el equipo jurídico del Municipio de Coquimbo anunciaron que presentarán una querella por el supuesto delito de fraude al fisco y cualquier delito que se configure a partir de estos hechos. Consultados, desde la casa edilicia porteña informaron que ésta será presentada formalmente el lunes.