Afectaría principalmente a la clase media

Hasta en un 15% podrían aumentar remates de propiedades hacia fin de año

La delicada situación económica que viven muchas familias producto del alza del costo de la vida, está generando que cientos de personas tengan cada vez más dificultades para pagar los dividendos de sus propiedades, con lo que la amenaza del embargo se vuelve cada vez más presente.
jueves 30 de junio de 2022

 Sin duda que uno de los bienes más preciados para la mayoría de las personas son sus casas. Y más, cuando esta vivienda es propia y surgida del propio esfuerzo de sus dueños.


No obstante, el actual panorama económico, marcado por un alza inflacionaria que no se observaba en el país desde inicios de los años 90, comienza a poner en riesgo esa preciada casa propia.


El problema nace a partir del continuo aumento de la UF que durante este mes superó los 33 mil pesos, lo que genera una fuerte presión sobre los valores de diversos productos y servicios que se encuentran indexados a esta unidad, como es el caso de los créditos hipotecarios. Y el efecto claro, es que son muchos los que hoy ya no están en condiciones económicas para seguir pagando este compromiso financiero.


De hecho, según un estudio de Chiledeudas.cl presentado a fines de mayo, un 28% de las personas que están pagando hipotecas en la Región de Coquimbo, está dejando de cumplir con al menos un dividendo de su préstamo. De esta muestra el 60% lleva sólo un incumplimiento y el restante 40%, dos o más morosidades.


Además, un 52% de las personas en la zona siguen pagando los créditos hipotecarios, pero admitiendo que se hace con mucha dificultad.


Frente a esta tendencia al alza del IPC, se suma además, que una parte no despreciable de quienes siguen pagando, critican las escasas alternativas que los bancos entregan para seguir cumpliendo con sus compromisos.


Frente a esto, ¿cuál es el temor al final del camino? Pues el embargo y posterior remate de la vivienda.


Según comenta Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de Grupo Defensa, si bien un aumento de la morosidad en torno a los créditos hipotecarios, no necesariamente implica un incremento de los remates de propiedades, sí es verdad que la cantidad de estos procesos judiciales podrían mostrar un alza, dada la compleja situación económica de hoy.


Es más, Ibáñez se atreve con una cifra: “al haberse reactivado todos los procesos judiciales producto del término del estado de excepción, debiéramos observar un aumento en torno a un 10 o 15% de los embargos sobre propiedades o de los juicios ejecutivos que impliquen el remate de propiedades, hacia fines de año”, explica.


A juicio de Ibáñez, además, habrá un segmento más perjudicado que otro: los sectores medios. “Afectará a aquellas propiedades con dividendos que hoy día se han tornado impagables para la clase media, que son aquellas propiedades entre las 2.500 y 4.000 UF, golpeando a aquellas familias que tenían ingresos antes de adquirir el crédito, de entre 1,5 y 2 millones de pesos”.
El problema, puntualiza, es que estas familias difícilmente podrán acceder a créditos hipotecarios como los que consiguieron inicialmente, con tasas más bajas y flexibles en el largo plazo.


“Con esta crisis, aquellas personas que pierdan su propiedad derechamente no podrán seguir viviendo el sueño de la cada propia y pasarán a vivir la pesadilla del eterno arrendatario, con la escasez de arriendos de hoy en día, y con un alza en los precios”, afirma.


Para el abogado, es vital que las personas busquen asesoramiento legal, apenas se vean en la necesidad de suspender el pago de sus créditos.


“Es decir, cuando no puede cumplir con su dividendo a tiempo o bien con cualquier crédito de consumo asociado al banco en el cual tiene el crédito hipotecario. Aquí es importante hacer esta diferencia y esta distinción, dado que los créditos generalmente tienen cláusulas de garantía general - los créditos hipotecarios- por lo tanto, la propiedad puede ser embargada no tan solo por el no pago del crédito hipotecario, sino por cualquier crédito de consumo asociado”, advirtió.


Es más, Ibáñez subrayó que cualquier deuda - en virtud del derecho de prenda general - a la cual esté sujeto el deudor, puede implicar la perdida de todos y cada uno de sus bienes, “incluyendo el crédito hipotecario, de manera tal que tener y registrar deudas en otras instituciones financieras que no sea la banca que otorgó el crédito hipotecario, en ningún caso significa que la propiedad esté protegida del embargo”, indicó.


Entre tanto, se debe señalar que en estos momentos en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley con el que se busca proteger la vivienda familiar ante los remates. Este modifica la Ley General de Bancos y el Código Civil, para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger, así, la vivienda única de los deudores.


El diputado por la región, Daniel Manouchehri, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, explicó que dicha iniciativa, actualmente, está en su segundo trámite constitucional, habiendo sido aprobado y despachado a Sala este martes.


“Este proyecto de ley fija un mínimo en el valor inicial del remate, estableciendo el valor de la tasación fiscal más un 30%. Al segundo remate establece la tasación fiscal más un 15%, y en el tercer remate - porque a veces los bienes no se venden ni en el primer ni en el segundo remate - se establece el precio de la tasación fiscal”, detalló.


Además, agrega, esta iniciativa pone también una serie de barreras al momento de realizar el remate. “Hace que el banco tenga que esperar a lo menos estar con 6 cuotas impagas continuas o 12 discontinuas. No es como ahora en que, en estricto rigor, se puede rematar a los 30 días”, señaló el parlamentario.