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El jueves pasado, la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, dijo que esta manifestación "no reúne las condiciones para garantizar el cuidado de los ciudadanos" y que por eso se ha "tomado la decisión de rechazar la solicitud de esta marcha".

Los organizadores de la marcha para protestar contra la política migratoria del Gobierno anunciaron este sábado que decidieron suspender la convocatoria después de que la Intendencia de Santiago negara el pasado jueves la autorización para que se llevara a cabo.

Esta manifestación era conocida popularmente como "marcha contra los migrantes", mientras que los organizadores defendían que se trataba de una marcha "contra la política irresponsable del Estado chileno respecto a la migración".

Otros grupos afines a la marcha hablaban de una movilización a favor de los chilenos "postergados por la inmigración descontrolada", que sería replicada en varias otras ciudades del país.

"La intendencia no proporcionará apoyo de carabineros, además de llevar preso a quien se manifieste (...). Sería sumamente irresponsable de parte nuestra mantener ese llamado bajo estas condiciones", escribió en su Twitter el denominado Partido Social Patriota (PSP), que daba voz a esta marcha, secundada por diversas organizaciones de ultraderecha, como Despierta Chile o el Movimiento Social Patriota (MSP).

"No vamos a avalar nunca un posible enfrentamiento entre grupos que puedan poner en riesgo a los habitantes de nuestra ciudad", Karla Rubilar, intendenta Santiago

"Por lo tanto, no participaremos en acto alguno el día de mañana (domingo) y llamamos a nuestros adherente, simpatizantes y militantes a no asistir a ninguna convocatoria para mañana (domingo)", agregó el PSP.

En la prensa había transcendido que algunos de los grupos que llamaban a marchar aconsejaban que las personas asistieran "armadas militarmente" para defenderse de colectivos anarquistas que pudieran atacarlos.

El pasado jueves, la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, dijo que esta marcha "no reúne las condiciones para garantizar el cuidado de los ciudadanos" y que por eso se ha "tomado la decisión de rechazar la solicitud de esta marcha".

La iniciativa "no cumple los requisitos mínimos para que las personas puedan transitar libremente", declaró Rubilar, sobre la base de los antecedentes sobre el porte de armas y también porque grupos de izquierda habían anunciado contramanifestaciones.

"No vamos a avalar nunca un posible enfrentamiento entre grupos que puedan poner en riesgo a los habitantes de nuestra ciudad", subrayó la intendenta.

El presidente, Sebastián Piñera, había dicho en una entrevista con un medio electrónico que la convocatoria no le "acomoda" porque detrás de esas políticas a veces hay sentimientos de odio, de xenofobia y eso no lo que quiere en Chile.

"Si hay antecedentes que indican que pueda ser violenta, creo que no debiera producirse", remarcó Piñera.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, había comentado también que en Chile "hay libertad en el derecho de reunión, más allá de lo que uno piense", aunque después sostuvo: "A mí no me gusta ningún tipo de expresión que sea contra algo o contra un grupo de personas" y "nosotros en el Gobierno no estamos contra la migración, ni mucho menos contra los migrantes".

La llegada de inmigrantes se masificó en Chile en los últimos años, hasta sumar 1.250.000 a finales del 2018, según datos oficiales. Las mayores comunidades corresponden a venezolanos, con cerca de 300.000, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, en ese orden.

 

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