El CORE solicita un Estudio de Impacto Ambiental por modernización del puerto

Consejero y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la entidad, René Olivarez, indicó que espera que la empresa pueda hacer un esfuerzo mayor y lleve adelante el estudio que piden

En septiembre último la Empresa Terminal Puerto Coquimbo (TPC), presentó ante Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el marco de su proyecto de modernización de dicha terminal portuaria.
Las futuras obras no han estado ajenas a las críticas por parte de agrupaciones de pescadores artesanales e industriales pesqueros de Coquimbo, quienes señalan que a su juicio se producirá daño en las áreas de manejo y bancos naturales de los recursos hidrobiológicos de la zona.
Ahora, es el Consejo Regional (CORE), que en su última sesión plenaria, acordó solicitar a TPC la ejecución de un Estudio de Impacto Ambiental. El consejero René Olivarez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CORE dijo a El Día que “el consejo se ha pronunciado indicando y recomendando particularmente a la empresa en vez de tener sólo una declaración de impacto ésta pueda ser reemplazada por un Estudio de Impacto Ambiental. Esto a partir de dos elementos: Primero el pronunciamiento de la comunidad organizada, lo planteado por el municipio de Coquimbo, y segundo la comunidad empresarial, representada por industriales pesqueros y las asociaciones de las caletas de pescadores, que piden tener mayor claridad y mayor precisión sobre cuáles son las condiciones en las que se va a desarrollar el dragado y finalmente dónde se va a depositar ese material”.
Olivarez precisó que no obstante que están conscientes de lo que la empresa está haciendo, está dentro del marco legal, lo que se pide es que haga un esfuerzo mayor.
Consultada la empresa TPC, a través de su empresa de comunicaciones, señalaron que por ahora no se referirán a la solicitud del Consejo Regional.

Posición de la ciudadanía

••• El consejero regional indicó que “hay una ciudadanía que está preocupada y, efectivamente lo que nosotros pensamos es que a pesar de no tener una posición vinculante, es la manifestación de una transversalidad política representada en el Gobierno Regional, en su Consejo, que está haciendo esta indicación. Indudablemente, en un estado de derecho, la ley y los marcos jurídicos son los que determinan los cursos de acción. Esperamos que esta manifestación que hemos señalado sea oída, recogida y puesta en práctica por el titular del proyecto”.

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